Por: Guillermo Fabela Quiñones

Al entrar en la Fase 2 del combate al COVID-19, el país se encuentra en un impase forzoso por el imperativo de evitar la propagación del virus. Sin embargo, hay quienes no descansan y aprovechan al máximo la inmovilización de la sociedad para socavar los cimientos, de por sí frágiles, del régimen de la Cuarta Transformación (4T). La andanada de la derecha arreció con gran fuerza luego de la decisión de parar la instalación en Mexicali de una planta cervecera trasnacional, coro reaccionario al que se unieron medios conservadores de Estados Unidos y países europeos.

La “pandemia” del neoliberalismo se resiste a morir, aprovechando la compleja coyuntura que mantiene en vilo al planeta. En nuestro país, se aferrará a sobrevivir en la medida que dentro del Gobierno del cambio estructural se sigan dando amplias facilidades a los reaccionarios de mantener sus privilegios y su capacidad de presión política interna y externa. Se observa cierto paralelismo entre lo que ocurrió en 1938, cuando el presidente Lázaro Cárdenas expropió las instalaciones de las empresas petroleras.

Aquí estamos muy lejos de actuar de manera tan firme, más aún si se siguen usando subterfugios para evitar que el presidente López Obrador sufra menoscabo en su investidura, como el de las encuestas. Así se dan argumentos de sobra a la derecha para sus embestidas, dirigidas a debilitar la fortaleza del régimen, secuencia previa al paso final que contaría, según sus cálculos, con el beneplácito de gobiernos extranjeros, como lo revelan los ataques cada vez más abiertos.

Parece que no se comprende que mientras el presidente López Obrador no actúe conforme a las atribuciones que le da su investidura, más se envalentona la derecha y actúa con mayor firmeza reaccionaria. Lo estamos viendo con el caso de la cervecera, cuyo desenlace, dejado a una encuesta, dejó abierta la puerta para que se desatara la jauría. Sin duda, lo objetivamente razonable era que fuera el Ejecutivo, por medio de la Secretaría de Economía, quien hubiera anunciado el motivo técnico y económico que hacía inviable la instalación de dicha empresa en Mexicali.

Es lógico suponer que, de continuar por el camino de los subterfugios, el régimen de la 4T se habrá de debilitar más, y a mayor velocidad, que si se procediera como lo mandatan leyes concretas. Otro caso es el de la iniciativa, frenada en el Senado, para regularizar el outsourcing, porque el presidente de la Mesa Directiva, Ricardo Monreal, “se comprometió” con los empresarios a que no pasara. Como señaló el senador Napoleón Gómez Urrutia, dirigente del sindicato minero: “intereses ajenos presionan para imponer una visión empresarial a la Ley”.

Tal visión es la que se quiere imponer a cualquier precio al régimen de la 4T, para atarlo y nulificar su viabilidad histórica. No darse cuenta de ello es un suicidio que tendría altísimos costos al país, sería un retroceso peor que el que han sufrido los países del Cono Sur que han sido víctimas de golpes de Estado con el apoyo de fuerzas armadas retrógradas. Aquí no es el caso, pero esto no impide que los conservadores prosigan su estrategia golpista mientras no encuentren obstáculos.

La oportunidad para una cosa y la otra, defender el Estado de derecho y la legitimidad del régimen, y no hacerlo para sufrir consecuencias inevitables, está en el ambiente. Los reaccionarios aprovecharán la emergencia del COVID-19 para ver coronadas sus ambiciones, el Presidente debería hacerlo en bien del país.

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