Por: Guillermo Fabela Quiñones

Los meses que restan del año 2021 serán una prueba de fuego para el Gobierno de la Cuarta Transformación (4T), por la suma de hechos internos y externos, algunos previsibles por el estilo personal de gobernar del presidente López Obrador, y otros que irán surgiendo conforme se vayan generando condiciones objetivas de solución a problemas en marcha, o su agravamiento por falta de planeación estratégica.

En términos generales, la propaganda sobre el tercer informe (formal) de Gobierno, el 1 de septiembre próximo, es cierta. El eslogan “Hechos, no palabras”, es válido en cuanto que se dicen verdades comprobables en obras y acciones públicas. Sin embargo, también es verificable una realidad concreta: la transición hacia una democracia participativa, o sea un régimen donde el pueblo tenga poder suficiente para frenar la hegemonía de las élites del poder económico y político, no ha dado un mínimo avance, no obstante, las muchas consultas a la ciudadanía.

Es una realidad que la impunidad de los poderosos sigue vigente, el caso más ostensible lo vemos en el estancamiento del juicio a Emilio Lozoya sobre la mega corrupción que derivó en la aprobación de la Reforma Energética. Son notorios los casos de exgobernadores o funcionarios públicos aprehendidos no por una acción directa de la Fiscalía mexicana sino por autoridades estadunidenses o de otro país; el caso más reciente, el del exdelegado en Coyoacán y diputado, Mauricio Toledo, quien huyó a Chile, donde creía contar con apoyo legal por tener la ciudadanía de ese país.

Vemos que la impunidad es un problema incluso mayor que el de la corrupción, pues aquella es como el motor que alimenta la comisión de los grandes delitos de cuello blanco. Es obvio que sin frenar a fondo este “motor” la corrupción seguirá tan campante como hasta la fecha, incluso dentro de las filas del Gobierno federal en funciones, si no se actúa con firmeza y voluntad política real. Esto se verá con el asunto tan comentado de Ricardo Anaya y su fuga sin problemas.

En el 2022 mucho se tendrá que hacer en ese sentido, ya que se vienen problemas de todo tipo, los cuales podrían rebasar la capacidad del Ejecutivo para enfrentarlos con éxito, en los ámbitos económico, político y social. Lo esfuerzos por desestabilizar al Gobierno de la 4T irán en aumento, clara muestra de ello lo ofrece la supuesta renuncia de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, cuya designación como tal fue indicativa del rumbo incierto que iba a seguir el presidente López Obrador, lo cual ha sido demostrado por la realidad. ¿No es grotesco que con todo cinismo se alegue “persecución política” cuando se cuenta con pruebas para que la Fiscalía actúe legalmente y no lo haga?

Por si no fueran pocos los problemas pendientes, ahora se nos vendrá encima otro mucho mayor, con la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de reactivar el programa de Donald Trump conocido coloquialmente como “Quédate en México”, y oficialmente llamado Protocolos de Protección al Migrante (PPM). El presidente Biden tiene el motivo legal que le hacía falta para poner en marcha una presión más al gobierno mexicano. Las consecuencias no se harán esperar en la franja fronteriza, de por sí afectada por la ola de migrantes que siguen allí sin posibilidad de solucionar su situación.

Vemos que sea quien sea el inquilino de la Casa Blanca en Washington, la política hacia México es la misma de siempre. Peor aún si quien está al frente del Estado mexicano pretende hacer gala de una soberanía imposible de sustentar con hechos. La migración de centroamericanos es un problema que se quiere mantener vivo con fines políticos, es la manifestación más obvia de la soberbia del imperio.

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