Por: Guillermo Fabela Quiñones

Al finalizar el “puente Guadalupe-Reyes” regresamos a la realidad cuyo común denominador es la incertidumbre y mucho desencanto, al constatar que la “austeridad republicana” seguirá siendo el fundamento de las políticas públicas en este año crucial. Esta estrategia económica hace previsible un año con mayor deterioro del nivel de vida del pueblo, y una mayor dependencia de las finanzas públicas del capital privado, nacional y extranjero, tal como hubiera sucedido si el binomio PRI-PAN continuara al frente del Ejecutivo federal.

Es preciso puntualizar que, la crítica a la austeridad republicana se basa en que sólo es mero pretexto para mantener un gasto público que frena toda posibilidad de crecimiento real y sustentable; no se critica que se combata el desenfreno presupuestario en organismos públicos que duplican tareas que llevan a cabo dependencias directas del Ejecutivo; al contrario, se aplaude de conformidad con los ahorros que se derivan de la corrupción que facilita lo que puede llamarse “gabinete paralelo”. Poner un alto a los despilfarros y la corrupción en dichos organismos es un acto de Gobierno positivo y plausible.

Lo censurable es que bajo esta táctica se afecte seriamente la capacidad del régimen para apuntalar su fuerza y convertirse en el motor del desarrollo, sobre todo en una etapa tan compleja como la que vivimos los mexicanos después de cuatro décadas de nulo crecimiento y de fortalecimiento de intereses oligárquicos, que son un efectivo contrapeso al Estado como entidad arbitral del rumbo de la nación. Esto es lo que sucedió en los dos primeros años del sexenio y, por lo visto, continuará en este año.

La cúpula oligárquica está feliz porque se comienza el segundo tercio con una “cuesta de enero” sin presiones para sus miembros, como habría sucedido si se hubiera aprobado el paquete de reformas económicas que derivarían en mejoras concretas a los trabajadores y asalariados, como la regulación del outsourcing, tope a las comisiones de las Afores y reducción a los intereses usurarios de la banca. Así nos damos cuenta que de muy poco ha servido que Morena tenga la mayoría en el Congreso.

Lo más dramático, como se ven las cosas, es que tal situación será más complicada a finales de este año, cuando ambas cámaras sean una mezcolanza de partidos sin una clara orientación ideológica, pero sí política: frenar la cada vez más utópica Cuarta Transformación (4T). México habrá perdido la oportunidad histórica de aprovechar el enorme capital político con el que llegó el primer Presidente mexicano que gana elecciones con amplio margen, transparentes e inobjetables. A estas alturas del sexenio, ese capital sirvió para calmar la inminente explosión social que hace dos años era la principal preocupación de los barones del gran capital.

En este inicio del 2021 están de plácemes, les salió bien la apuesta por un político opositor de carrera, líder social de amplia trayectoria y conocedor de la idiosincrasia del pueblo. Ahora el riesgo es que su desgaste sea tan acelerado que para el 2022 no tenga capacidad suficiente para aquietar el descontento popular que habrá de emerger por el incumplimiento de las metas trazadas en su programa de Gobierno. Para entonces, las dádivas asistencialistas se verán en su justa dimensión, más aún si la emergencia sanitaria se recrudece y prolonga.

En este escenario, al presidente López Obrador no le queda otra opción que revertir el rumbo que dio a su administración, zigzagueante y demagógico, y orientarlo a lo que se propuso en el proyecto de la 4T. Pero esto es impensable porque perdió la oportunidad de crear una firme base social políticamente sólida. No la tiene y no podrá tenerla porque no dio el paso decisivo cuando pudo hacerlo. Morena es ahora una organización informe, con un rumbo electorero que usará conforme a las directrices que le marquen los poderes fácticos. Esto se habrá de corroborar en los comicios del próximo 6 de junio.

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