Por: Guillermo Fabela Quiñones

La “nueva normalidad” que viviremos los mexicanos, oficializada en la conferencia mañanera de ayer miércoles, implica un desafío mayúsculo a la sociedad: Acostumbrarse a una pérdida gradual de un país y un mundo mejores. Lo que hizo la pandemia fue brindar la oportunidad a los grandes círculos de poder globales de ejercer más presiones a los pueblos para que acepten como un mal necesario la actual realidad social y económica.

Así lo ejemplifica el plan presentado por el Gobierno federal en dicha conferencia, en el que se dieron a conocer las pautas a seguir en tres etapas, la primera de las cuales a partir del día 17 contempla la reactivación de tres sectores que se consideraron “necesarios” para la economía: La industria de la construcción, la de fabricación de autopartes y la minería; esta última actividad no encaja en tal marco, sí en cambio afecta equilibrios ambientales en gran parte del país.

Es fácil advertir que hubo fuertes presiones al presidente López Obrador para que aprobara esta decisión que favorece a dos de los magnates más representativos de la élite oligárquica mexicana: Alberto Bailleres, de Grupo Peñoles, y Germán Larrea, de Grupo México. Así lo afirmó el senador y líder del Sindicato Minero, napoleón Gómez Urrutia, quien advirtió que la reapertura de la minería pone en alto riesgo a los trabajadores, de por sí afectados por las pésimas condiciones laborales que enfrentan.

La realidad patentiza que el Mandatario se encuentra en una encrucijada cada vez más compleja, situación que hace más urgente la toma de medidas en favor de una actividad política más cercana al pueblo, que pretende compensar con apoyos asistencialistas a amplios grupos de población empobrecida. No está quedando bien ni con “Dios ni con el diablo”, situación muy desgastante imposible de alargar demasiado, como él quisiera.

Su lejanía con el partido que organizó y bajo cuyos auspicios logró el triunfo en los comicios de 2018, es cada vez más obvia como lo acaba de constatar su dirigente provisional, Alfonso Ramírez Cuéllar: No ha logrado tener una audiencia formal con el Ejecutivo nacional. No es casual que las presiones de la derecha aumenten cada día. El martes le tocó turno al presidente de la Asociación de Bancos de México, Luis Niño de Rivera, quien afirmó que las decisiones que toma López Obrador “no abonan a la certidumbre ni en el sentido correcto”, puso como ejemplo la cancelación de la empresa cervecera “Constellation Brands” y los obstáculos a las energías no renovables.

La actitud asumida por el Presidente en la conferencia del miércoles, sí abona a tal apreciación desde un punto de vista político. Puso énfasis en puntualizar que no habrá imposición alguna, ni medidas coercitivas, pues “será de aplicación voluntaria”, confiando en la responsabilidad de la sociedad y garantizando libertades. Reiteró que el pueblo de México “es mayor de edad, responsable, muy consciente y participativo”.

Si así fuera la realidad, no habría necesidad de sacar de nuevo al Ejército a las calles como factor coadyuvante de la Guardia Nacional. Lo sería en la medida que el Ejecutivo diera la pauta para organizar la fuerza del pueblo con la finalidad de ser un escudo capaz de frenar las presiones de los conservadores. Pero no vemos que dé un paso en esa dirección, por el trato que recibe Morena, por el papel irrelevante del Congreso en la adopción de políticas que fortalezcan la democracia y por el libertinaje de la ultraderecha que raya en lo subversivo.

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