Por: Guillermo Fabela Quiñones

Al paso del tiempo se confirma que detrás del problema migratorio en la frontera sur de nuestro país, está un interés político. Puede asegurarse que su finalidad es crear escenarios de conflicto al Gobierno federal, con el objetivo de que cometa errores que trasciendan al exterior y se puedan tener argumentos para atacar al presidente López Obrador. Es válido señalarlo, porque no se encuentra sentido al empecinamiento de mantener vivo un tema social y económico que se podría solucionar con voluntad política y pocos recursos materiales.

Si el Gobierno estadunidense quisiera realmente poner fin a la migración indeseable, particularmente de centroamericanos, no tendría ningún problema para lograrlo. Bastaría poner en marcha un plan como el que salvó a Europa después de la Segunda Guerra Mundial, para que la región completa construyera un futuro fundado en el cabal aprovechamiento de sus recursos humanos y naturales. Como ese no es el caso, se propician condiciones que apuntalen el subdesarrollo ancestral característico de la cintura geopolítica del continente.

Las élites de la región se han favorecido con esta infausta realidad, como cómplices de las empresas imperialistas que han saqueado sus principales riquezas. Esta complicidad ha sido la causa del empobrecimiento generalizado de sus pueblos, y concomitantemente de la creciente desigualdad y crisis social perenne, recrudecida por la codicia de los señores feudales y los excesos del neoliberalismo.

Ahora que México está edificando un régimen con amplio consenso social, las élites oligárquicas de Centroamérica, conjuntamente con la Casa Blanca, ven con preocupación que se está avanzando, no obstante las muchas provocaciones e intentos de hacerlo naufragar. De ahí esta nueva intentona de meterlo en problemas, tal como se hizo el año pasado cuando la ola migratoria de centroamericanos tomó un cariz alarmante; provocó enfrentamientos con el presidente Trump y dio margen para más presiones del imperio.

El Mandatario mexicano no cayó en el garlito, pero quedó latente un asunto que puede ser revivido cuando lo consideren oportuno sus beneficiarios, al fin que “carne de cañón” siempre está disponible, para eso sirven el desempleo y la marginación. Este es el caso en este momento, como lo vimos el pasado lunes, cuando hubo necesidad de utilizar a miembros de la Guardia Nacional para evitar que cientos de hondureños se internaran a territorio mexicano. Senadores y diputados del PRI, PAN y PRD, alzaron la voz para denunciar un “uso excesivo de la fuerza”. Están en su papel de opositores.

Es natural que no se pongan a pensar en las consecuencias de permitir un supuesto libre tránsito por territorio nacional. ¿Cuál libertad tendrían migrantes indefensos ante los embates del crimen organizado que sólo están a la caza de ellos para echarles mano, explotarlos y asesinarlos? Tiene razón López Obrador cuando afirma: “Si no los cuidamos, si no sabemos quiénes son, si no tenemos un registro, pasan, llegan al norte, los atrapan las bandas de delincuentes y los agreden, porque así era antes; también los desaparecen”.

Este es el meollo humanitario del problema, no la supuesta violación a los derechos humanos de los migrantes. Por ello asombra que un político de amplísima experiencia y brillante intelectual, como Porfirio Muñoz Ledo, se preste a favorecer a los conservadores, como lo hizo al afirmar que fue una “salvaje agresión” el operativo de la Guardia Nacional, cuando no fue ese el caso, conforme a testimonios objetivos.

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