Por: Guillermo Fabela Quiñones

La abundancia de pruebas sobre la mega corrupción practicada en las décadas del periodo neoliberal, desde la misma Presidencia de la República, permite al régimen de la Cuarta Transformación (4T) pasar a la fase siguiente en materia de aplicación de justicia. No sería razonable que la Fiscalía General de la República (FGR) se pasara el sexenio acumulando pruebas, sin que se sancione a los delincuentes conforme a la magnitud de sus delitos. El debido proceso no debe ser una camisa de fuerza a la acción de la justicia, sino mecanismo para que se cumplan eficazmente los pasos que marca la propia Judicatura.

El presidente López Obrador fue muy claro: “Ya dije, estoy por el punto final, es decir, que se investigue, que se castigue a todos”. Aunque ha reiterado que si las encuestas al pueblo sobre el castigo a los exmandatarios es favorable, él asumiría una postura neutral, se “lavaría las manos” como Poncio Pilato en el juicio a Jesús de Nazaret. En la mañanera del martes fue más explícito: “No quiero que se vaya a pensar que me estoy vengando, que como me robaron la Presidencia estoy molesto, que no lo he superado”.

Esto no debe preocuparle en absoluto, porque no es un acto de venganza cumplir con el mandato de la Ley, hacer valer el estado de derecho, tan vilipendiado en las últimas cuatro décadas o más, cuando el régimen de la Revolución Mexicana estaba en caída libre después del Gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Lo que sí es motivo de profunda preocupación es que avance el sexenio del cambio verdadero y no se vean más que simples parches en un sistema político urgido de profundas transformaciones.

Desde luego, se trata de un reto imposible de alcanzar en unos cuantos años, después de tantas décadas de socavamiento de las instituciones públicas, desde sus cimientos, hasta alcanzar una destrucción estructural del Estado como la que se llevó a cabo en los últimos 38 años. Pero el propio Mandatario alcanzó un triunfo inobjetable con la promesa de revertir esta dramática realidad, y lo que se espera de él es que ponga las primeras piedras, bien firmes, de lo que se llama la Cuarta Transformación (4T) del proceso histórico nacional. Con eso su compromiso con el pueblo estaría cumplido.

Las clases mayoritarias saben perfectamente que la alianza de la derecha se hizo con el propósito de aprovechar en su exclusivo beneficio los bienes de la nación, hasta donde alcanzara su codicia y capacidad para acumular riquezas bajo el amparo del poder. Qué bueno que ahora salgan a la luz pruebas irrefutables de la corrupción propiciada desde los niveles más altos en complicidad con la delincuencia organizada, hasta convertir el sistema político en un narco estado. Ahora su cinismo los hace alzar la voz para tratar de salvarse. Lo seguirán haciendo, nunca van a aceptar su culpabilidad.

Qué bueno entonces que se acumulen pruebas, pero si no se siguen los procedimientos que marca la Ley, de nada sirve el arduo trabajo para encontrarlas y verificarlas. La magnitud del daño hecho al pueblo por la mafia delincuencial desde la cúpula del Gobierno federal no debe quedar en la restitución del agravio material, porque más grave aún fue el crimen de lesa humanidad que costó el empobrecimiento del pueblo de manera exponencial, como en ningún otro país de América Latina.

La conciliación nacional no se va a conseguir si la impunidad no se ataca en sus raíces, problema que continúa como si no hubiera habido un cambio de régimen. En el Senado está pendiente la iniciativa de reforma al Poder Judicial, urge se apruebe de modo que no queden fisuras por las que se cuele la inmundicia de la corrupción y la impunidad.

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