Por: Guillermo Fabela Quiñones

Las circunstancias del país hoy son muy diferentes, pero el entorno geopolítico y el odio de clase de los conservadores son similares a los de hace ciento nueve años, cuando el 9 de febrero fue consumada la criminal acción que acabó con el primer Gobierno legítimo que surgía luego de los 34 años del régimen porfirista. Francisco I. Madero y su vicepresidente, José María Pino Suárez, eran cobardemente asesinados por instrucciones del militar golpista, Victoriano Huerta, quien pasó a la historia como “El Chacal”.

En la ceremonia conmemorativa de la Marcha de la Lealtad, el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval González, se comprometió a seguir el ejemplo de los cadetes del Heroico Colegio Militar que acompañaron al presidente Madero en su ruta a Palacio Nacional, ese día infausto en que miembros desleales del ejército porfirista consumaron «El Cuartelazo».

Ante el Presidente de la República, el titular de la Sedena puntualizó que la confianza que el Mandatario ha depositado en las fuerzas armadas, “es y será correspondida siempre, con profesionalismo, honestidad y trabajo constante, pero sobre todo con lealtad inquebrantable”. Sin duda, tales palabras adquieren significado, porque contradicen de modo tajante el pronunciamiento que hiciera el año pasado un militar de alto rango, ligado al régimen neoliberal, en un desayuno donde se refirió a un supuesto rechazo de los allí presentes, incluido el titular de la Sedena, al proyecto de Gobierno del presidente López Obrador.

No debe quedar duda de la lealtad al Mandatario por parte de las fuerzas armadas, en un entorno muy complejo que los conservadores buscan aprovechar a fin de desestabilizar al país. “Para nosotros el objetivo es claro: lograr la transformación de la vida pública de México a través de desterrar la corrupción, aplicar un nuevo paradigma en materia de paz y seguridad”, afirmó el general Sandoval.

Con este pronunciamiento, los aprendices de golpistas están advertidos que no existen desacuerdos de ningún tipo entre las fuerzas armadas y el Ejecutivo; que no caben ni serán admitidas tentaciones golpistas del signo que sean. Es un compromiso que se selló con las palabras contundentes del titular de la Sedena, y en adelante no deben quedar dudas de que será cumplido al pie de la letra. El reto es mayúsculo, toda vez que el viejo régimen corrupto y apátrida no renuncia a su sueño de regresar al poder, como se observa si se analiza atentamente el modo de actuar de las corrientes conservadoras con más organización.

Están cerrando pinzas para presionar con mayor firmeza al Gobierno que busca frenar la inercia reaccionaria de la tecnocracia neoliberal. Lo vemos claramente en el papel que está jugando el Instituto Nacional Electoral (INE), como brazo ejecutor de las directrices emanadas de los despachos y mansiones de los adalides del conservadurismo, orientadas a dar visos de “legalidad” a un golpe de Estado.

De ahí, el imperativo de que el Presidente del cambio no haga concesiones que dificulten la de por sí marcha llena de obstáculos que encabeza. Está cumpliendo los compromisos que hizo en la campaña del 2018 con grandes esfuerzos, pero es innegable que lo que queda por hacer es mucho más riesgoso, por los intereses que debe afectar. Lo podrá lograr en la medida que las fuerzas armadas cumplan su responsabilidad.

La tarea prioritaria es ineludible: garantizar gobernabilidad y paz con base en la justicia social.

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