Por: Guillermo Fabela Quiñones

Mientras no se tomen medidas concretas para apuntalar el Estado de derecho, la impunidad seguirá siendo un factor contrario al objetivo central de la Cuarta Transformación (4T). Vale tal señalamiento por el caudal de provocaciones que llevan a cabo grupos que actúan bajo la supuesta defensa de derechos humanos, pero violando leyes y reglamentos contraviniendo lo que dicen es el motivo de su protesta. Así lo vemos con la toma de las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la Ciudad de México.

El pasado jueves, un grupo de mujeres, familiares de víctimas de feminicidio, se dieron cita en la sede de la CNDH para protestar por la falta de resultados en las pesquisas de los casos denunciados. Estas se retiraron el sábado, pero en el lugar permanecieron integrantes del colectivo feminista Bloque Negro, quienes se dedicaron a dañar las oficinas y cometer ilícitos que son motivo de juicio y reparación del perjuicio causado. Sin embargo, las autoridades no han actuado como sería legalmente hacerlo.

La vocera del grupo delictivo afirmó que “no devolverán las instalaciones”, sino que las convertirán en “refugio de víctimas de la violencia”. Los representantes de la Secretaría de Gobernación y de otras instancias del Gobierno federal y del capitalino intentaron, infructuosamente, dialogar para llegar a una solución. Se negaron a entablar “negociaciones”, una vez que constataron que las autoridades no estaban dispuestas a dar el paso de hacer valer la Ley por los delitos cometidos.

Este asunto no es una mera “protesta” por la violencia contra las mujeres, es una provocación contra el régimen que intenta hacer cambios de fondo en el sistema político que abran la puerta a la democracia y al progreso social y económico. Una más de las muchas que se han realizado en el lapso que lleva en la presidencia Andrés Manuel López Obrador, con el sello de la derecha bien marcado en las máscaras negras de mujeres aleccionadas para llevar a cabo su tarea.

Lo seguirán haciendo mientras encuentren campo fértil a su labor reaccionaria. Siguen cometiendo ilícitos sin que se les detenga para deslindar responsabilidades, situación anómala impensable en un país con instituciones democráticas sólidas, como en la Unión Europea. Sobran elementos para enjuiciar a las mujeres disfrazadas de “defensoras sociales”, como es el caso: Tiraron a martillazos el letrero oficial de la CNDH y en su lugar pusieron una manta con la leyenda “Ocupa, Casa de Refugio Ni Una Menos México”. Dañaron un valioso retrato al óleo de Francisco I. Madero, catalogado como patrimonio cultural, entre otros daños y perjuicios a la institución.

El ciudadano común se pregunta por qué se permite que se realicen provocaciones burdas como las muchas que realizan grupos organizados para frenar la marcha de un Gobierno legítimo que está tratando de recomponer la debacle a la que llevó al país el régimen neoliberal, causante de la violencia que sigue enlutando miles de hogares en la nación, como es de sobra conocido en el mundo. Nada justifica la omisión de las autoridades correspondientes para hacer valer el Estado de derecho.

No se trata de reprimir a manifestantes, sino de actuar en legítima defensa de las instituciones de la República. Mientras no se entienda esta verdad, los conservadores continuarán su labor de zapa, cada vez más envalentonados y violentos. ¿Acaso no hay quién tenga el sentido común o el valor de tomar acciones legales que aplaudiría el pueblo? No hacerlo ahora, cuando aún se tiene el apoyo de las clases mayoritarias, después sería mucho más costoso, en todos sentidos.

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