Por: Guillermo Fabela Quiñones

Por enésima ocasión, el presidente López Obrador reiteró que “no puede ser rehén de personas o de grupos, por poderosos, influyentes y combativos que sean”. Ahora lo dijo durante su intervención con motivo de la evaluación del plan Agua Saludable para La Laguna, el pasado domingo, donde dejó en claro el imperativo de despejar el camino jurídico, pues de no ser así se cancelaría el proyecto con el cual se busca poner fin al problema ambiental en esa región, debido a la excesiva contaminación por arsénico en acuíferos súper explotados.

La situación que vive esa zona entre los estados de Durango y Coahuila no se debe seguir soslayando; sería un costosísimo error no llevar a cabo dicho plan, que básicamente consiste en la construcción de una presa cuya finalidad primordial sería derivar agua potable a los nueve municipios que comprende esa región, la cual alguna vez ha querido integrarse como un estado autónomo. Se prevé la cancelación de 160 pozos contaminados con arsénico, mineral cuyos ácidos con el tiempo llegan a ser mortales.

Sin duda es una cruel paradoja que el principal contraveneno sea la leche, producto que se produce a gran escala con la explotación de los acuíferos regionales, mismos que tendrían que ser clausurados. La solución a este inconveniente es el plan que estaría en manos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con una inversión calculada en 10 mil millones de pesos. Pero el problema a vencer es el juicio de amparo, que deberá ser decidido el próximo día 23 de este mes, según información del representante de la organización Pro Defensa del Nazas, Rodrigo Meza.

Será un juzgado el que decida el futuro de una obra indispensable para asegurar el futuro de La Laguna. Esto, para el mandatario es un asunto que lo pone a dudar, teniendo en cuenta que “en el Poder Judicial priva una mentalidad ultraconservadora”. Afirmó que si fuera fiable “no habría problema”; no es el caso, sentenció, porque está “podrido… si nos metemos (en litigios) estaríamos entrampados”.

La Conagua tiene un mes para demostrar que los motivos que llevaron a la conformación del grupo ambientalista son superables técnicamente. La presencia en el presídium del principal accionista del Grupo Lala, el más importante productor de lácteos del país, al cual se acusa de ser el principal causante de la explotación de acuíferos de la zona, Eduardo Tricio Haro, muestra que ya hubo arreglo con la empresa, sin perjuicio de otros sectores productivos, única manera de aspirar a una relación sin problemas futuros. Ahora falta demostrar a los grupos ambientalistas que no habrá las afectaciones que argumentan.

Lo incuestionable es evitar que la inversión requerida para esta obra se oriente a otros fines, como los apoyos sociales, según señalamiento del propio mandatario. Porque fue muy tajante al decir que si no hay solución al asunto jurídico, para dentro de un mes, la obra no se llevaría a cabo. Con esto, los problemas ambientales en la zona seguramente se agravarían, no solo por el envenenamiento del agua sino por las consecuencias sociales en un entorno cada vez más dramático.

Es ahora o nunca una solución a fondo de un problema que se ha venido aplazando desde hace medio siglo, con énfasis en el periodo neoliberal, cuando el Poder Ejecutivo tenía como prioridad ineludible estar al servicio de las élites. Ahora las cosas pueden cambiar favorablemente para el país, en la medida que el pueblo se organice para impulsar una institución presidencial comprometida con las clases mayoritarias. Y que lo demuestre con hechos concretos. En este tema del agua en La Laguna, se da la oportunidad de que pueblo y Gobierno actúen conforme al interés colectivo. Lo sensato es actuar con visión de futuro.

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