Por: Guillermo Fabela Quiñones

En el ojo del huracán informativo se encuentra el tema del regreso a clases el día último de este mes. El debate se ha intensificado a medida que avanzan los días, pero también el repunte de la pandemia en diversos estados y regiones del país. Desde luego, sería ideal poner en marcha de manera presencial el inicio del nuevo ciclo escolar, necesario en todos sentidos; sin embargo, existe el riesgo nada improbable de que las consecuencias fueran contraproducentes en grado extremo.

El canciller Marcelo Ebrard fue el primero en hacer eco de la declaración del presidente López Obrador sobre la urgencia del regreso presencial a las aulas. Al mismo tiempo hizo lo propio la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheimbaum. En el sector educativo, la titular de la dependencia, Delfina Gómez, se apresuró a señalar la conveniencia de que los padres se corresponsabilizaran de la decisión de reabrir las escuelas, a más tardar el 30 de agosto.

A esta causa se sumó el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, quien anunció la puesta en marcha de una Jornada Nacional en Apoyo al Regreso Seguro a las Escuelas. Puntualizó: “No podemos ni rendirnos ni resignarnos a mantenerlas cerradas… llegó el momento de un regreso responsable y realista”. Ambos se comprometieron a trabajar unidos para superar los obstáculos que impidieran cumplir con la propuesta -“opcional”- del presidente López Obrador.

El canciller ha sido el más activo en este tema (como lo ha sido en otros que rebasan el ámbito de su responsabilidad en el gabinete). Su cabildeo ha sido eficaz, prueba de ello es la declaración que hizo el representante en nuestro país de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), Roberto Martínez, quien advirtió que “es comprobable el efecto negativo de la pérdida de clases presenciales, sobre todo en los niveles básico y superior”. Aseguró que la gran mayoría de países de la organización entró ya a la etapa de regreso a las aulas.

En este mismo sentido, se pronunció el representante del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Luis Fernando Carrera Castro, quien afirmó que “sólo en 19 de 193 países continúan cerradas las escuelas”; señaló que abrir las aulas de manera presencial “es indispensable para evitar más retroceso social”; con todo, aceptó que no abrir las aulas a los alumnos “debería considerarse cuando no hay otra alternativa”. En las actuales condiciones sería un riesgo muy costoso dar ese paso, como lo fue el año pasado el manejo político de la pandemia.

Ahora se pagan las consecuencias de no haber arrostrado la emergencia sanitaria de modo científico, ajeno por completo al imperativo de salvaguardar la imagen del régimen nacido para hacer transformaciones estructurales. Se desestimó que la más urgente era y es la del sistema de salud, en crisis generalizada por la súper corrupción en gran escala en el periodo neoliberal; la irresponsabilidad gubernamental, y el fin de un programa (Seguro Popular) sin suplantarlo con otro que demostrara su eficacia desde el primer momento.

Se puso en marcha la “austeridad republicana”, situación equivalente a quitar un tanque de oxígeno a un agonizante. Ahora se pagan las consecuencias, de manera por demás dramática en el sistema educativo, el cual ahora con la pandemia se acabó de hundir con una política económica que hizo el efecto tan buscado por los neoliberales de minimizar la presencia del sector público en áreas apetecibles para el privado, como la salud.

Abrir las escuelas en las condiciones actuales es muy riesgoso, no solo por la pandemia que no cede sino por el estado en que se encuentran las escuelas, sin mantenimiento básico en al menos un año. En este sentido, es impropio que la jefa del gobierno capitalino asegure que “la oposición trata de politizar el regreso a clases presenciales”. No se trata de un asunto político, sino de responsabilidad social, la cual no se tuvo al inicio de la pandemia.

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