Guillermo Fabela Quiñones

La renuncia del director general del IMSS, Germán Martínez Cázares, era previsible porque se trata de un personaje no habituado a enfrentar problemas sociales y situaciones irresolubles. Lo asombroso del caso es que haya aceptado el puesto, al parecer sin reflexionar lo suficiente sobre las repercusiones que podría enfrentar en un cargo tan lleno de aristas y complejidad en aumento.

Su militancia panista y firme cercanía con Felipe Calderón no fue obstáculo para que el presidente López Obrador le abriera las puertas de Morena como senador por este partido. Llamó mucho la atención su nombramiento como titular del IMSS, cuando no tenía los requisitos para cumplir tan alto encargo. Con todo, era explicable a sabiendas de que el Ejecutivo es un político pragmático y un estratega nato.

Martínez Cázares culpó a la Secretaría de Hacienda de tener una “injerencia perniciosa” en el instituto. Para dar la imagen de defensor de los intereses de los derechohabientes acusó en su carta de renuncia que “ahorrar y controlar en exceso el gasto en salud es inhumano”. Sin embargo, el fondo del problema viene de muy atrás, con la cadena de complicidades que se fue formando a lo largo de los sexenios, entre proveedores de medicinas y altos funcionarios.

Tal situación inaceptable, es probable que haya sido desestimada por Martínez Cázares, o creyó que podría superarla, pero la injerencia de Hacienda para establecer el rumbo que se da al dinero del erario evitó la continuidad de vicios añejos. Con todo, una cosa es la austeridad y la estricta vigilancia del gasto público y otra las afectaciones que se hace a rubros vitales para el crecimiento y la productividad del país.

Como lo advirtió la presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Miroslava Sánchez, del partido Morena, “la idea de ahorrar o contener el gasto como medida de austeridad republicana pudiera verse como algo viable. Desde el punto de vista de la salud, nosotros no lo vemos como algo que pueda ser benéfico”. No puede serlo, porque atender los problemas de salud y de educación no es un gasto, sino la principal inversión de un Estado con visión progresista.

Lo que desconcierta a muchos en este momento es el empeño del Ejecutivo en mantener una política de austeridad de manera indiscriminada, comparable a los recortes del régimen neoliberal. Así lo están haciendo sentir imputaciones a este respecto, tanto de filas sindicales como empresariales y de organismos de la sociedad civil. Lo que no sabemos es la causa profunda del imperativo de seguir por una vía que incluso fue muy criticada por el propio mandatario cuando fue candidato.

Los hechos concretos nos muestran que las políticas públicas no se pueden cambiar de la noche a la mañana, menos por decreto. Es preciso crear condiciones objetivas para no cometer errores cuyas consecuencias son funestas, como sería el caso si el Ejecutivo actuara a capricho de mafias de poder o en aras de ganar apoyo ciudadano. Está demostrando lo que nunca tuvieron los tecnócratas: sentido de responsabilidad.

La atención a la salud, la educación y la creación de empleos como responsabilidad prioritaria del Estado es vital. Tendrá que llegar la fecha en que López Obrador deba sopesar los costos de la austeridad a rajatabla frente a sus nefastas consecuencias sociales y económicas.

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