APUNTES… Se pasó la primera gran prueba de la 4T
Por: Guillermo Fabela Quiñones
El partido gobernante pasó su primera prueba como tal en la ardua y prolongada negociación encaminada a aprobar un presupuesto de egresos que posibilitará la ejecución, en el 2020, del proyecto social y económico de la Cuarta Transformación. No dejó contentos a todos, aunque se reforzó la confianza de quienes aspiran a una vida mejor y no pierden la esperanza de conseguirlo. Falta que el presidente López Obrador asuma, con mayor firmeza, el compromiso de abatir las causas económicas de la crisis generalizada que dejó el neoliberalismo, y se pase a una etapa de productividad sustentable.
Puede afirmarse que los seis billones 100 mil millones de pesos que ejercerá el sector público el próximo año, son suficientes para retomar el camino del crecimiento sustentable, perdido a partir de la llegada de los tecnócratas en 1983. Sin embargo, es preciso encauzar políticas públicas con un sentido social más firme, lo que implica crear condiciones objetivas para que las fuerzas productivas, hoy desaprovechadas, participen activamente en el proceso de crecimiento formal.
Es plausible que se haya aprobado un mínimo recorte al pago de la deuda y al del rescate bancario, aunque haya sido sólo simbólico, pues cinco mil millones al primer concepto y 500 millones al IPAB (antes Fobaproa), es una bicoca en comparación con los montos monstruosos de ambas deudas legadas al pueblo por gobiernos corruptos del viejo régimen priista y por la tecnocracia neoliberal apátrida. Con todo, es un avance político haber dado un paso impensable en el régimen conservador, entregado a fortalecer la dependencia de México de las directrices despóticas de los organismos internacionales.
Lo que deja dudas sobre los resultados que habrán de obtenerse, son los recortes indiscriminados a dependencias del Ejecutivo que conviene apuntalar con gasto público a fin de reforzar su papel productivo, como es el caso de la Secretaría de Educación Pública y la de Salud, las cuales prácticamente se quedan con su mismo presupuesto, si se toma en cuenta el aumento del costo de insumos y servicios. En el mismo caso están algunas actividades que lleva a cabo el gobierno en el campo y en el fortalecimiento del empleo, en un momento en que es vital su fortalecimiento.
Es ineludible, por otra parte, enfrentar con firmeza el problema derivado del manejo de recursos por parte de organizaciones cuyo papel social deja mucho que desear, como el caso paradigmático de Antorcha Campesina, entre otras de menor importancia pero cuya participación como factores de corrupción en el agro ha sido muy desfavorable para el campesinado, antes “protegido” por la central campesina corporativa amparada por el Gobierno federal por conducto del partido hegemónico.
Sin duda, es de la mayor trascendencia acabar con el mecanismo corruptor y corrosivo socialmente que significan estas organizaciones, que ya están perfectamente identificadas por el Ejecutivo, mismas que durante el proceso de negociación del presupuesto de egresos fueron las más beligerantes y más activas para impedir que avanzara. No quedó más vía de salida que buscar una sede alterna a la de San Lázaro, aunque fue un mal mensaje, a fin de cuentas menor, que se haya escogido el Centro de Exposiciones de Santa Fe, reducto y herencia de la tecnocracia.
Ahora viene la ola de protestas de las organizaciones afectadas por la entrega de presupuesto a los beneficiarios vía directa; irá perdiendo fuerza en la medida que se vea de manera objetiva su viabilidad.
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