Por: Guillermo Fabela Quiñones

El gran freno a la “Cuarta Transformación” es el poder de la élite oligárquica, el cual ejerció a plenitud en los pasados seis sexenios, de modo que en la actualidad, cuando el Ejecutivo nacional está encabezado por un mandatario ajeno a los poderes fácticos, pretende seguir haciéndolo sin tomar en cuenta el cambio en las condiciones políticas, que sin bien no llegan a conformar una correlación de fuerzas dominante en favor de la población mayoritaria, sí patentizan el imperativo de alcanzar equilibrios esenciales en esta etapa del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin duda, quien más se ha beneficiado del apoyo gubernamental en los pasados treinta y seis años, es el magnate Germán Larrea, quien ahora es el segundo hombre más rico de México. Su imperio económico y empresarial abarca nichos muy diversos, pero su bastión fundamental es la minería, actividad extractiva que así como beneficia enormemente al concesionario, aniquila el medio ambiente y lesiona de modo irreparable a poblaciones que se ubican dentro del territorio concesionado.

Ayer, martes 30 de julio, se cumplieron 12 años del estallamiento de las huelgas simultáneas en las minas de Taxco, Guerrero; Cananea, Sonora, y Sombrerete, Zacatecas, concesionadas al Grupo México que preside el oligarca prototípico del neoporfirismo. En dicho lapso no ha habido posibilidad de entendimiento con Larrea, pero tampoco ha consumado una victoria contra el Sindicato Minero, que lidera Napoleón Gómez Urrutia, hoy senador de la República, lo cual demuestra la firmeza de una organización sindical que ha luchado en absoluta adversidad, con una bien ganada solidaridad internacional.

El presidente López Obrador, en un último esfuerzo por evitar confrontaciones que dañen a la nación, convocó a los trabajadores mineros a que, antes que lleven a cabo medidas extremas como toma de instalaciones, esperen los resultados de las mesas de diálogo que se pondrán en marcha en diez días a partir del lunes 29. Obviamente, esta medida tiene la finalidad de permitir negociaciones entre el propio Larrea y el senador Gómez Urrutia, con el arbitraje del mandatario, las cuales tendrán que culminar en acuerdos sensatos y justos.

Larrea debe entender que su modo de llevar sus negocios es absolutamente injusto y arbitrario. No puede seguir actuando de esa manera, a menos que pretenda ser quien prenda la mecha de un incendio social que nos afectaría a todos los mexicanos. En los pasados tres sexenios, las empresas mineras contaron con el apoyo incondicional del gobierno federal, se desentendieron de toda responsabilidad con los trabajadores, como en el porfiriato, y se dio entrada a empresas trasnacionales que han depredado amplias franjas del territorio nacional. Esto debe cambiar.

El gran reto que tiene el presidente López Obrador es imponer orden y justicia en la industria minero-metalúrgica, con políticas razonables y firmes, porque de no hacerlo ahora se perdería la viabilidad de realizar cambios estructurales de fondo en el mediano plazo. Es vital mantener el apoyo de la sociedad para consumar la “Cuarta Transformación”.

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