Por: Guillermo Fabela Quiñones

No obstante el proverbial optimismo del presidente López Obrador, no sólo con respecto a la pandemia, sino en general a todos los problemas que afectan la vida nacional, la realidad lo desmiente. Es natural que la mayoría de gobernantes recurran a ese modo de interactuar con la sociedad, pero no conviene en momentos de crisis, tanto la acumulada por décadas de hegemonía de intereses económicos antidemocráticos, como la surgida por imponderables como el COVID-19.

También es muy socorrido el argumento de hacer afirmaciones que chocan con la verdad, como decir que contamos con un pueblo muy “politizado, responsable y digno de ejemplo en el mundo”, como lo señaló el Mandatario en un mensaje televisado el sábado por la mañana. No es así, desgraciadamente, porque el neoliberalismo acabó con la conciencia colectiva del pueblo, demostrada por última vez en el terremoto de 1985. Lo que llama la atención es que el régimen que logró un triunfo electoral incuestionable, en más de un año no haya hecho nada por revertir una situación que contraviene la esencia del cambio estructural.

El propio Ejecutivo Nacional había sido muy claro en su campaña al reiterar que sin un pueblo organizado no podía ser derrotado el régimen neoliberal, los intereses creados que pusieron fin a un Estado benefactor y elevaron a su máxima potencia monopolios y concentración de la riqueza en un puñado de nuevos empresarios surgidos al amparo del poder. A la fecha no se ha visto que haya movido un dedo en esa dirección; no es su prioridad organizar al pueblo como lo patentiza la realidad, hecho que la derecha y el conservadurismo reaccionario están aprovechando para socavar el régimen de la Cuarta Transformación.

Este 1 de mayo podemos afirmar que las relaciones laborales siguen obedeciendo a intereses de los grandes magnates, situación que se observa con suma obviedad en el sector minero. Un ejemplo sintomático: En febrero del año pasado el Presidente ordenó que fueran rescatados los cuerpos de los 64 mineros que quedaron atrapados en la mina Pasta de Conchos, propiedad de Germán Larrea. La Secretaría del Trabajo no ha dado un paso para cumplir ese mandato. Los trabajadores mineros mejoraron su nivel salarial, gracias a las negociaciones internacionales del dirigente Napoleón Gómez Urrutia, logro que se concretó en el sexenio pasado.

Es cierto que en enero subió el salario mínimo de 106.28 pesos a 123.22 pesos diarios, un incremento de 20 por ciento; previamente se había roto el tope salarial neoliberal de menos de cuatro puntos. Sin embargo, esto no incidió en una mejoría real de las condiciones de vida de los asalariados. Ni se podrá alcanzar tal meta si la política económica del régimen de la Cuarta transformación (4T) no hace nada por organizar la fuerza de los trabajadores, por convertirlos en un factor real de poder ante los grandes consorcios industriales y de los monopolios del sector primario. Lo peor del caso es que el propio Gobierno federal se hace harakiri con decisiones absurdas.

En plena crisis del COVID-19 se recortó el gasto al sector Salud para seguir impulsando a Pemex. Este creció 136.9 por ciento con respecto a 2019, en tanto que para el prioritario en este momento decreció en 69.5 por ciento, con información de la Secretaría de Hacienda. Es decir, de cada cien pesos destinados a obras en la industria petrolera, menos de cuatro son destinados a infraestructura en Salud. Sin congruencia, así lo demuestra la experiencia histórica, es impensable consolidar un proceso de cambios progresistas.

[email protected]

Twitter: @VivaVilla_23