Por: Guillermo Fabela Quiñones

En días pasados, un video que circuló por internet evidenció la capacidad de una organización delictiva para enfrentar al Estado. Como si se tratara de una empresa comercial, se nos muestra con desparpajo y cinismo un desfile interminable de camionetas  y autos de lujo en cuyas puertas laterales se ven las siglas del cártel al que pertenecen. Horas antes había ocurrido la emboscada a un convoy de policías estatales en el municipio de Aguililla, en Michoacán, en la que perdieron la vida trece uniformados.

El mensaje para el Gobierno federal es obvio: No hay necesidad de buscar a los miembros de cárteles afamados si hasta en sus vehículos están indicando que allí están, a la vista de todos, tal como lo hacen las bandas de motociclistas en territorio estadunidense, en cuyas chaquetas de piel traen el nombre de su organización. La provocación al Estado es evidente, con un doble propósito: enfatizar que la Guardia Nacional les tiene sin cuidado, y que las organizaciones que buscan liderar al crimen organizado, están decididas a enfrentar la fuerza del Estado.

En este entramado de violencia hay desde luego un factor político: provocar al presidente Andrés Manuel López Obrador para que incumpla su ofrecimiento de combatir a la delincuencia organizada sin más derramamiento de sangre. Se busca que caiga en la trampa que le están tendiendo grupos reaccionarios, de ensangrentar al país como lo hizo Felipe Calderón, a fin de lanzar una campaña en contra del Ejecutivo y al mismo tiempo decir que al ex panista no le quedó otra opción que declarar la guerra al crimen organizado.

Lo que no logran entender los estrategas al servicio de los conservadores enlodados con la corrupción en gran escala, es que son muy diferentes las circunstancias que debe enfrentar el régimen actual y las que puso en marcha la derecha en los sexenios anteriores, con marcado énfasis en la violencia en el de Calderón. En el pasado, lo que buscaban los mandatarios era consolidar intereses de mafias consentidas, sobre todo las de cuello blanco, de ahí el nulo interés por contar con tácticas y estrategias específicas. Hoy, el Ejecutivo primero delineó el rumbo a seguir con un objetivo básico: Contar con los medios y la fuerza necesarios para enfrentar a las organizaciones delictivas.

Es previsible que, en lo sucesivo, los resultados de los enfrentamientos sean muy desfavorables para los que violan el Estado de derecho. Así lo quiere la ciudadanía, lo anhela con la esperanza de ver un México sin violencia y seguro. Por eso se aprobó en el Congreso la creación de la Guardia Nacional, para que combata con efectividad y eficacia al crimen organizado. Es lo que espera el ciudadano común, el que no tiene posibilidad de comprar amparos sino sólo cuenta con la esperanza de un cambio social, político y económico de fondo.

Es lo que no quieren los conservadores, y por eso presionan al presidente López Obrador cada oportunidad que se les presenta, como ahora que se aprobó en el Congreso la reforma que equipara la falsificación de facturas falsas con delincuencia organizada. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), de inmediato anunció que buscarán interponer amparos ante tribunales nacionales y extranjeros, de ser necesario, en contra de una medida necesarísima y urgente. ¿Será que les afecta mucho sujetarse a la Ley?

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