Por: Guillermo Fabela quiñones

La declaración de uno de los más firmes opositores a la Cuarta Transformación (4T), el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, patentiza la verdadera dimensión de la reforma al sistema de pensiones, una de las herencias más emblemáticas del neoliberalismo. Dijo: “Esta es la más importante iniciativa que se ha presentado en este sexenio”. Lo es, sin duda, para la cúpula empresarial, particularmente para el sector financiero: Las administradoras (Afores) seguirán operando cuatro billones 300 mil millones de pesos, sin regulaciones y más libertad para invertir esos cuantiosos recursos.

De ahí la satisfacción, en la ceremonia de la firma del acuerdo, de Carlos Salazar Lomelín, dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, en la cual reapareció como enlace del empresariado con el presidente López Obrador. El costo de esta nueva reforma lo seguirán pagando los trabajadores: No dispondrán de sus recursos y continuarán con la carga de una comisión injusta, aunque haya sido reducida en esta oportunidad a estándares internacionales. Es de las más altas en el mundo, un favor de Ernesto Zedillo a sus amigos financieros globales.

Los patrones aceptaron aumentar su aportación al fondo de pensiones del 6.5 al 15 por ciento, ajuste que además será gradual hasta el octavo año de la entrada en vigor de esta reforma. Este desembolso es nada junto a los beneficios de seguir operando ingresos acumulados desde que las Afores entraron en operación el año 1995. Se esfuma el fantasma de la estatización de este mecanismo injusto, al que tanto temían los financieros que se han enriquecido sin ningún riesgo ni compromiso social.

La masa de pensionados pasará de 34 a 82 por ciento de trabajadores, las semanas cotizadas se reducen de mil 250 (25 años) a 750, es decir 15 años de cotización. Los trabajadores que viven de su salario y que veían como un sueño imposible recibir el beneficio de una pensión, supondrán que se convertirá en realidad. Sin embargo, perdieron la oportunidad de que se revirtiera una de las más grandes injusticias del modelo neoliberal.

Desde luego, es un logro político del presidente López Obrador obligar a la cúpula empresarial a ceder una pizca de sus privilegios, como el de imponer condiciones al mandatario en turno a partir de que la tecnocracia tomó el poder en 1982. Sin embargo, seguir adelante le exige más que meras acciones edulcorantes. Como señalaron especialistas en materia laboral: “Se perdió una gran oportunidad de crear un sistema bancario estatal”; asimismo, esta reforma “se queda corta, no modifica vicios”. Ello explica el gozo del dirigente de la Coparmex, el organismo reaccionario más activo en este momento.

Como reconoció el Presidente, esta reforma “representa una solución inmediata en el terreno de lo posible”. ¿No había otro camino para que la élite empresarial aceptara negociar? No en la actual coyuntura, luego de más de un año de presiones exitosas al jefe del Ejecutivo, para que su proyecto de nación se mantenga en un nivel aceptable para la cúpula empresarial. Están dispuestos a ceder en lo que no modifique sus estructuras de poder, en un estira y afloje del que puedan sacar provecho, como en esta reforma al sistema de pensiones.

Esto es comprensible, después de seis sexenios en que los presidentes eran meros ejecutores de sus iniciativas, todas de carácter empresarial. Pero López Obrador llego a Palacio Nacional con la promesa de cambios de fondo que abran la vía de la justicia social, la democracia y el Estado de derecho. No lo podrá lograr por sí solo y el tiempo vuela.

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