Por: Guillermo Fabela Quiñones

La reunión del pasado sábado, del presidente López Obrador con los padres de los 43 normalistas desaparecidos hace seis años, sacudió las paredes coloniales de Palacio Nacional. Quienes tomaron la palabra lo hicieron con plena libertad. El Mandatario pudo sopesar, sin intermediarios, el sentir verdadero de quienes sufrieron la tragedia más espantosa para una madre, provocada por la sevicia de un régimen depredador, criminal, en suma, secuela de una ideología monstruosa que regresó a la humanidad a épocas dantescas.

“Se les agradece que busquen en fosas y todo (lo que ha hecho), pero lo que pedimos es que los busquen en vida… con resultados le tapará la boca a quienes lo critican”, afirmó una madre frente al Mandatario. “Nosotros queríamos llegar (a este día) con algo más. Ya pasaron seis años y pues no tenemos nada… no es posible que los delincuentes sean más poderosos que usted, señor Presidente”, palabras nacidas de su sentimiento de impotencia y amargura ante una injusticia reveladora de la ausencia de un elemental Estado de derecho en treinta y seis años de neoliberalismo.

En la conferencia mañanera de ayer lunes, el Ejecutivo nacional puntualizó: “Hay jueces que están girando órdenes de aprehensión en contra de elementos de la extinta Policía Federal y del Ejército supuestamente involucrados… pueden ser considerados testigos protegidos porque hubo un pacto de silencio que tiene que romperse”. Este paso es fundamental, pues como lo reconoció el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, en la pasada administración “el Gobierno de la República se convirtió en el operador de un encubrimiento generalizado”.

Seis sexenios neoliberales hicieron añicos el poco Estado de derecho que sostuvo la gobernabilidad del régimen de la Revolución Mexicana, el cual nunca dejó de lado una elemental responsabilidad social gracias a la cual sobrevivió a sus agudas crisis políticas, en aumento después de 1968. En la etapa iniciada en 1982, se empezó a tejer una amplísima red de complicidades a la sombra del Ejecutivo que puso fin no sólo a la economía mixta, que fue el soporte para un crecimiento sostenido, sino a la esperanza de movilidad social que permitía la renovación generacional.

En las últimas casi cuatro décadas, el pueblo mexicano fue víctima de atrocidades comparables a las de los regímenes dictatoriales de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, en los peores momentos del militarismo entregado a las oligarquías más reaccionarias de la Patria Grande. Por eso es vital que el caso de los estudiantes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa no quede impune. Romper el pacto de silencio es un paso ineludible para destrabar el cumplimiento de la justicia que esperan los padres de las víctimas, quienes pidieron al Presidente “se les brinde la seguridad” para seguir luchando, pacíficamente, por sus derechos.

Advirtieron que podrían actuar de otro modo, pero confían en la voluntad del Presidente para cumplir su compromiso y no caer en provocaciones de minorías reaccionarias. Los hechos de las últimas semanas patentizan el rencor y odio clasista de grupos oligárquicos que no aceptan que México tenga mínimos avances democráticos. Seguirán actuando contra la Cuarta Transformación (4T), en todos los frentes y con todo el potencial económico a su alcance, mientras no se vean resultados positivos en la alianza que debe haber entre pueblo y gobierno en esta hora crucial.

Un miembro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), señaló por separado: “Se requieren garantías de impartición de justicia… Se han dado pasos importantes, pero no tenemos aún una respuesta a la pregunta central de dónde están los muchachos”. Con la pronta aprehensión de los involucrados más conspicuos, como Tomás Zerón de Lucio, entonces titular de la extinta Agencia de Investigación Criminal (AIC), se iniciará la etapa que necesita el país para confiar en el futuro. No hay otra alternativa, pues el neofascismo que propugna la minoría reaccionaria sería el fin de la esperanza y la apertura del apocalipsis.

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