Por: Guillermo Fabela Quiñones

La meta trazada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, de poner cimientos sólidos a la «Cuarta Transformación», se podrá alcanzar en la medida que las prioridades nacionales se antepongan a las presiones de los poderes fácticos globales, como lo sigue intentando el Fondo Monetario Internacional (FMI) en América Latina, casos concretos en Ecuador y Chile, donde los pueblos demostraron organización, agallas y convicciones para defender su derecho a una vida con viabilidad democrática.

De ahí la importancia del anuncio que hizo el secretario de Hacienda, de iniciar cuanto antes los procesos de licitación de obras de infraestructura con una inversión de ocho mil 767.5 millones de pesos. No es mucho, dada la magnitud del decrecimiento acumulado en los seis sexenios de Gobiernos neoliberales, pero tal desembolso de dinero público puede ser el detonador de una estrategia contracíclica, es decir con enfoque orientado a poner en marcha actividades productivas.

Tal estrategia es la que urge activar en el país, porque de no hacerlo, para el 2021 el desencanto de amplias capas de la sociedad subiría de nivel, y el partido en el poder correría el riesgo de retroceder en las urnas, no porque se afectara la popularidad del mandatario, sino por el descalabro que sufriría la población que votó con la esperanza de mejorar su situación familiar. Votaría para castigar los desatinos de Morena, no contra el actual mandatario, aunque el resultado finalmente lo afectaría a él.

La necesidad de luchar contra la corrupción, así como la política de austeridad, no obstante tener objetivos dignos de encomio y de apoyo colectivo, pueden tener resultados adversos al proyecto de profundizar las raíces progresistas que pongan fin a la etapa neoliberal, si no se toman en cuenta factores de riesgo, como es el caso si se mantiene a todo lo que da la compra de amparos en el aparato judicial, o si se afecta aún más a los niveles de gobierno más vulnerables, como los municipios.

No tiene sentido quitar el Fondo Minero a los estados que tienen en la minería una posibilidad de mejorar la vida de los municipios afectados por esta actividad. Es así porque 4 mil 500 millones de pesos, el monto de dicho fondo, no significan nada, presupuestalmente hablando, para la Secretaría de Educación Pública, y sí mucho para los municipios, de por sí con carencias que amenazan su supervivencia. Es inviable cortar el oxígeno a un cuerpo que sólo con éste puede mantener su respiración.

Esto es lo que puede suceder si en la Ley de Ingresos se impone, indiscriminadamente, el cobro de agua a los distritos de riego. No todos son propiedad de agroempresarios, sino los hay de propiedad ejidal o comunal. Es preciso tomar muy en cuenta este factor para decidir lo que se debe cobrar, cuando sea justo hacerlo; o en el otro caso, incluso subsidiar cuando sea lo correcto para mantener la vida productiva de un distrito de riego.

Lo que se necesita urgentemente en el país es destrabar todo aquello que frena un desarrollo social equitativo. Es cierto que el Sur y el Sureste del país, por mucho tiempo fueron las regiones olvidadas de la Federación. Pero en el Norte hay también rezagos dramáticos, como en Durango, aunque la causa haya sido la corrupción de malos gobernantes. Cabe concluir que la «Cuarta Transformación» será factible en la medida que se tomen decisiones sobre bases objetivas que favorezcan un crecimiento real.