Por: Guillermo Fabela Quiñones

Como dice la letra de un conocido tango, “silencio en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme, la ambición trabaja”, en México sucede en estos dramáticos días. Para la cúpula oligárquica “la ambición trabaja” sin descanso, no se resignan sus pocos miembros a perder las “oportunidades” de obtener ganancias multimillonarias sin tener que pagar impuestos, a lo que se mal acostumbraron durante los pasados seis sexenios.

Lo seguirán haciendo en la medida que no encuentren obstáculos firmes a su ambición, realidad que en este momento es el más grande reto para el Gobierno del presidente López Obrador, incluso que la pandemia del COVID-19. Se están aprovechando de tan dramática coyuntura para presionar al Gobierno de la Cuarta Transformación (4T), ahora muy ocupado en frenar la contingencia sanitaria y evitar que se salga de control.

La difícil relación entre el Mandatario y la élite empresarial está llegando a una confrontación más seria cuyas consecuencias pueden desequilibrar el de por sí complejo manejo de las finanzas públicas. La Secretaría de Hacienda pondrá en marcha la instrucción presidencial de recortar en 75 por ciento el gasto en materiales, suministros y servicios. A este paso, el Gobierno federal se volverá invisible.

La élite empresarial está muy molesta por la intención del presidente López Obrador de poner fin a los “negocios sucios con energías limpias”, que han estado haciendo grupos oligárquicos desde hace décadas. Su molestia es tal que el propio Ejecutivo nacional se vio obligado a decir que no habrá retroactividad en materia de contratos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ni mucho menos se está planeando la nacionalización del sector. Lo que se busca es “acabar con la corrupción”, afirmó.

Eso es en lo que no están de acuerdo, precisamente. Más de tres décadas de lucrar con recursos públicos les ha permitido acumular fortunas multimillonarias. Esto podría salir a la luz pública cuando se conozca en detalle el pliego de demandas que preparó el director general de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, dirigido a la Comisión Reguladora de Energía (CRE). En declaraciones a La Jornada (25  de mayo), afirmó que se busca poner fin a “la simulación y fraude” en gravísimo detrimento del patrimonio de la paraestatal.

No dudó en calificar de robo la práctica que se fue haciendo común entre grandes empresas y altos directivos de la CFE, entre las que enumeró al Grupo Salinas, OXXO, Walmart, Soriana, Peñoles, Cinepolis y Kimberley Clark, las cuales simulaban ser socias de generadoras privadas de energía eléctrica, como Iberdrola, American Light and Power, entre otras menos poderosas, para eludir impuestos y favorecer a éstas, con pérdidas incuantificables para la CFE.

La confrontación entre el presidente López Obrador y la cúpula empresarial se agudiza. Lo preocupante del caso es que mientras ésta cerró filas para dar la batalla del siglo contra la 4T, el Mandatario no da señales de ver el peligro que se cierne ante sus ojos. El bajísimo perfil de quien en el primer año de Gobierno actuó como su principal interlocutor con el sector privado, en calidad de Jefe de la Oficina Presidencial, el empresario Alfonso Romo, ¿Será una señal premonitoria?

Vivir bajo reglas democráticas es lo que menos aceptan los beneficiarios de un sistema esencialmente antidemocrático. Esta es la disyuntiva que tendrá que enfrentar pronto el presidente López Obrador, un riesgo sin duda mayor que la pandemia. Lo peor del caso es que él mismo se pone piedras en el camino. ¿No se dará cuenta?

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