Por: Guillermo Fabela Quiñones

El segundo año de Gobierno inicia con vientos en contra, como lo revelan hechos que causan incertidumbre entre la población: crímenes que se prestan al escándalo mediático, como el del ambientalista Homero Gómez González, encargado del santuario de la mariposa monarca; la fuga de reos en la Ciudad de México; el estancamiento de la economía que se manifiesta dramáticamente entre los proveedores del sector público federal, medianos y pequeños; así como la percepción de que la inseguridad aumenta al trascender a la opinión pública la comisión de delitos comunes impactantes.

Tal realidad oculta el hecho de que es efecto de la inercia de los vicios del pasado; las élites oligárquicas, afectadas por el combate a la corrupción, pregonan que la curva de aprendizaje del nuevo régimen llegó a su límite y por lo tanto es inaceptable que pretenda seguir culpando de los problemas del momento a los tecnócratas reaccionarios. Las circunstancias de México son demasiado complejas y esa curva se mantendrá el tiempo necesario para que pueda consolidarse y seguir en línea recta el proceso cotidiano de fortalecer las bases del cambio prometido.

La derecha no está derrotada ni acepta una tregua porque sus cimientos siguen firmes, mientras que el nuevo régimen continúa sin tener claridad sobre las tácticas y estrategias a seguir, como lo patentizan los bandazos en el gabinete, que frenan la marcha del proyecto enmarcado en la Cuarta Transformación. A esto se suma la centralización del poder real en el Ejecutivo, que facilita los ataques de sus adversarios.

El viejo régimen se construyó sobre una estructura de poder muy sólida, en cuanto que sus metas siempre fueron y son muy concretas: apuntalar sus intereses de clase con el propósito de mantener su hegemonía sobre la sociedad. Por eso sus diferencias no afectaban el rumbo del Gobierno en turno, no era necesario el arbitraje del “tlatoani”, pues el factor de poder real era el aseguramiento de las más altas tasas de ganancias para la cúpula oligárquica, en lo cual estaba comprometido el Mandatario.

Su error, como lo admitió el exgobernador de Guerrero y actual coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, René Juárez Cisneros, fue permitir que “el poder se sirviera a sí mismo y no a los ciudadanos”. Hasta ahora lo comprenden; pero la equivocación histórica provino de la tecnocracia, cuya voracidad acabó dividiendo al empresariado, al crear una pirámide en cuya punta estaban unos cuantos privilegiados. Esta situación no ha sido modificada en lo esencial, como lo demuestra una realidad inocultable: los medianos y pequeños empresarios siguen sufriendo para salvar sus negocios, pues sus facturas se quedan meses en los escritorios de la burocracia.

En contrapartida, durante el año pasado la contracción de la economía fue acompañada por un subejercicio en el gasto neto presupuestario de 15 mil 600.3 millones de pesos. La política de austeridad, necesaria en el inicio del Gobierno para radiografiar los caños de la corrupción, se mantiene con efectos terribles que hacen suponer que la finalidad es favorecer al sector financiero, cuyo motor es la especulación como lo patentizan las altísimas tasas de utilidades de la banca comercial en México.

El recién creado gabinete para el desarrollo, a cargo de Alfonso Romo, tendrá resultados en la medida que haya crecimiento. Sin éste será un sueño el desarrollo, mucho menos con equidad, elemento vital para mantener el apoyo ciudadano.

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