Por: Armando Ochoa Serrano

En estos días, se cumplieron 10 años de la más importante de las reformas constitucionales en México, la que le otorgó a los Derechos Humanos el mayor estatus legal que puede haber en la nación.

Por otra parte, se cumplieron 50 años de la represión estudiantil del día jueves de Corpus Christi 10 de junio de 1971.

Temas vinculados incluso. Ya que la actuación del Gobierno mexicano en 1971 constituyó una aberrante represión, violatoria de Derechos Humanos. El uso de un grupo paramilitar, Los Halcones, para ahogar una protesta juvenil, que ya fue inmortalizada en la película de “Oscares” de Quarón: Roma. Un acto de barbarie de la que fue testigo mi familia.

Las represiones estudiantiles de 1968 y 1971 cerraron las puertas democráticas a varias expresiones políticas algunas de las cuales decidieron levantarse en armas sobre todo en las zonas más pobres del país. Cuando uno estudia los casos de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez descubre que el Estado mexicano no les dejó opción para sobrevivir y tuvieron que optar por la vía armada.

Precisamente en esa zona del país había un cantante de corridos y música de protesta. Que a través de su arte denunciaba injusticias y opresiones. Y fue desaparecido en un retén militar. Su defensa argumentó graves violaciones a derechos humanos y logró una condena histórica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano por la desaparición del ciudadano Rosendo Radilla Pacheco, en 1974.

Esta sentencia y otras circunstancias similares obligaron al Estado mexicano a modificar la Constitución. De tal manera que el 10 junio de 2011 entró en vigor la Reforma Constitucional más importante desde 1917, creando el capítulo primero: de los derechos humanos y sus garantías, estableciendo una equidad de jerarquía y de poder entre los artículos de la Constitución y los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales firmados por nuestro Gobierno.

Las circunstancias en que se dieron esta reforma tal vez expliquen el poco entusiasmo con que el Gobierno mexicano promueve los Derechos Humanos. No nacieron ni de un programa político ideológico ni tampoco de una convicción profunda, sino obligados por las tendencias del derecho internacional y la diplomacia mundial.

Tal vez eso explique que a los 10 años de su promulgación no se haya realizado ningún evento significativo.

Se podrá decir que estaban distraídos en el proceso electoral de este año. Pero no deja de inquietar que ni siquiera en el terreno del debate político electoral se ha tocado un tema tan importante como lo es la rendición de los derechos humanos.

De la agenda pública parece estar ausente este tema, que no se limita a la idea de impedir abusos, sino qué tiene un sentido positivo y alentador; implica garantizar el bienestar integral de las personas y sus comunidades, promoviendo derechos fundamentales como la alimentación, salud, educación, vivienda, ambiente sano, entre otros.

Hoy vivimos otro tipo de matanzas y la lenta incorporación de los derechos humanos en las leyes aplicables, las políticas sociales y el quehacer gubernamental. Eso no debería ser así.

Comentarios: [email protected]