Por: Emmanuel Salazar

El informe gubernamental ha sido un momento relevante desde siempre en las administraciones estatales, y en el caso del gobernador José Aispuro Torres no ha sido la excepción, con una variable que poco le hacemos caso, y es el momento en el que los legisladores pueden cuestionar al Mandatario.

En este año, el momento para que los legisladores expusieran preguntas se desarrollo ya entrada la noche del domingo, pero aun así se puede rescatar el momento en el que la legisladora Cinthya Martell señaló al ejecutivo de incumplir con su promesa de respaldar a los planteles del Centro de Atención y Desarrollo Infantil, comúnmente conocidos como CADI.

Ante ese cuestionamiento, el Gobernador dejó en claro, por ejemplo, que en 2018, el Gobierno estatal destinó 140 millones de pesos para pagar la nómina de los profesores del sistema educativo en poder del PT, mismo que ni el actual Gobierno federal quiere ya darles el dinero para que sea administrado por ese partido político.

De enero a abril, bajo la promesa que los recursos se habrían de radicar del Gobierno federal, el Gobierno estatal nuevamente estuvo pagando la nómina del sistema CADI, sin embargo ante la nula llegada del recurso del Gobierno federal, ese que tradicionalmente gestionaba la bancada del PT a nivel central,  la administración estatal dejó de pagar y desde entonces el no pago se ha ido acumulando.

Como en años pasados, el PT, a través de sus líderes, presiona a la autoridad estatal para que ésta resuelva un añejo problema que desde un principio no se ha resuelto ante la posibilidad de convertirse en una especie de caja chica para dicho partido político y sus actores.

Familias completas de líderes fundadores del PT se encuentran insertadas en el sistema CADI, que ofrece una cara de bondad a los padres de familia que llevan ahí a sus hijos a recibir atención.

Ojalá y la negativa del Gobierno federal a entregar recursos a organizaciones sea el inicio de la regularización definitiva del sistema CADI, y así se pueda, de una vez por todas, quitar esa bandera de lucha a dicho partido político que ha medrado con la noble actividad de la educación.

Si el presidente Andrés Manuel López Obrador se mantiene firme, los CADI deberán regularizarse e insertarse en el sistema educativo, no sin antes revisar de una vez por todas si la nómina corresponde o está inflada.