Por: Edgar Burciaga

De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 del presidente Andrés Manuel López Obrador, el combate a la corrupción es uno de los tres ejes transversales establecidos para guiar todas las acciones que se tomen durante este sexenio, ya que además de afectar el presupuesto público y dañar la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes, impacta también en la economía.

Y es por eso que desde el Gobierno federal se han implementado estrategias para erradicar la prevalencia de actos de corrupción y el acompañamiento de altos niveles de impunidad, que provocan en los ciudadanos la falta de credibilidad.

Se ha señalado por parte de la sociedad a diversos políticos que pretenden actuar fuera de la Ley de manera impune a través de las redes sociales y los obliga a emprender una rendición de cuentas, en sus diferentes ámbitos, lo que contribuye a erradicar este flagelo que afecta a nuestra sociedad.

Para dar respuesta a la violencia política contra las mujeres, la Comisión de Responsabilidades del Congreso local determinará la sanción para el diputado José Antonio Ochoa #LordHuevos, después de que el IEPC enviara un documento donde señala que existió violencia política hacia la diputada Sandra Amaya.

Existe el antecedente de que, en la anterior Legislatura, esta Comisión impuso una sanción a un Alcalde por el uso de recursos públicos en promoción personal que dejó mucho que desear, por lo que es de esperarse que la sanción que aplique en esta ocasión sea mínima, considerando dichos antecedentes.

Y ante la llegada de un nuevo personaje “chapulín” a las filas de Morena, militantes de este partido se manifiestan a través de videos en torno a la unidad de su partido, aunque eso represente implementar una disciplina al viejo estilo priista, por lo que se espera la repartición de posiciones en la próxima dirigencia y en las candidaturas de acuerdo a los grupos que existen al interior.

No sólo eso, sino que también sus acciones repercutieron en la Coordinación Estatal de Movimiento Ciudadano que dirige Juan Quiñonez Ruiz, quien solicitó al Coordinador Nacional, Senador Clemente Castañeda Hoeflich, su apoyo para liquidar impuestos no pagados, depósitos en garantía no reembolsados, gastos no comprobados, sanciones impuestas por el INE y activos fijos no localizados, por un monto de más de dos millones 286 mil pesos, que le fueron “heredados” por la anterior dirigencia encabezada por Martha Palencia.

Y donde no deja de haber problemas es en la Presidencia Municipal, porque ahora deberán explicar por qué al menos diez trabajadores del Ayuntamiento trabajan de manera particular para la dirigente Alicia García Valenzuela con cargo al erario, lo que puede configurarse en un delito de peculado, en el que se involucran servidores públicos y el sindicato, por lo que serán la Contraloría y la Fiscalía Anticorrupción las instancias que señalen responsabilidades.

Sin embargo, a  pesar de que se tienen que rendir cuentas de sus acciones, los personales políticos no hacen caso a sus obligaciones, esperemos que una vez superado el temblor, opten por hacer cosas que ya no les muevan el piso.

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