Por: Édgar Burciaga

Más de dos años sin resultado alguno para el combate a la corrupción, esta promesa se ha convertido en un “verdadero elefante blanco” y al mismo tiempo, en cortina de humo para esconder intereses mezquinos y negocios desde el poder, por lo que dejan mucho qué desear los pírricos resultados presentados por el amplio espectro burocrático conformado por las siguientes dependencias:

• Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción
• Consejo Coordinador del Sistema Local Anticorrupción
• Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción
• Consejo Ejecutivo y Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción
• Entidad de Auditoría Superior del Estado
• Secretaría de Contraloría del Estado
• Órganos internos de control
• Órganos de Control Interno de los municipios
• Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales; Tribunal de Justicia Administrativa, y
• Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.

A pesar que con la creación del Sistema Local Anticorrupción se pretendía involucrar a la sociedad para erradicar la corrupción, hasta hoy es momento que los ciudadanos no conocen la integración del SLA ni sus funciones, ni la forma de presentar una denuncia, porque todavía temen a la criminalización por señalar corruptelas de los funcionarios, y que representa persecución, despidos laborales, señalamientos y acoso, entre otros.

No se trata de aprovechar como ya ha pasado, de autocomprar enseres y mobiliario, evadir las licitaciones y autobeneficiarse del puesto, con las comisiones y “moches” que se reparten.

Hay un nuevo consejero y un nuevo presidente del Consejo de Participación Ciudadana de la SLA, y el compromiso de ir hasta el fondo en esta lucha, pero el buen juez por su casa empieza, por lo que en este organismo deberán retomar el rumbo para verdaderamente combatir la corrupción y no para fortalecerla.

Esto, porque la llegada de los nuevos consejeros no está exenta de la línea para su designación o para la presentación de los resultados de los que se van, para evitar señalamientos que digan que es en estos organismos sólo son de membrete y son para el pago de facturas políticas con muy buen sueldo, porque también registran tráfico de influencias y conflictos de intereses.

No se trata de escupir para arriba, sino como ya se realiza en la Secretaría de la Función Pública, que a consecuencia de la salida de un «superdelegado» realiza una investigación de la presunta comisión de siete delitos, y que por cierto, era mencionado para tomar posesión en Durango después del accidente de Enrique Novelo, esperamos que estos organismos realmente funcionen algún día y entonces sí, sus titulares sean merecedores de su pago.

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