Por: Edgar Burciaga

El presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo ayer en la Comarca Lagunera, acompañado del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, donde dijo que «se está cumpliendo con lo que dice la Constitución de entregar las participaciones federales a los estados» y consideró que los gobernadores tienen derecho legítimo de solicitar más recursos, pues esa es su función y parte de su trabajo.

Con la pandemia, se ha apoyado a Durango y a Coahuila, con equipo médico, con especialistas y con recursos, además de que se emprenderá el proyecto para abastecer el agua de la región lagunera. En materia de seguridad, se construirán los cuarteles de la Guardia Nacional en Tamazula, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero y Gómez Palacio, los cuales estarán en su pleno funcionario el próximo año.

En su visita del pasado 22 de febrero al municipio de Tamazula, el Presidente entregó el puente Sahuatenipa, en la carretera Tamazula-Los Herrera, que fue supervisada por el Gobierno federal, que ahora se encuentra en condiciones lamentables a pesar de los recursos invertidos, que tan sólo en el tramo del entronque Potrero-La Ventana representan 250 millones de peos, para su conservación por parte de las Constuctoras EMM y Humaya, con sede en la ciudad de Culiacán, ya que hay tramos intransitables a consecuencia de las lluvias, por lo que deberá llevarse a cabo una investigación que deslinde responsabilidades por la mala calidad de los trabajos realizados.

Y es que la recomendación de personajes políticos sólo hace compromisos en beneficio personal, como lo muestra un audio de una Diputada federal con el subsecretario de la SCT, Cedric Escalante, para recomendar a una empresa “fantasma”, debido a que no es conocida dentro del sector de la construcción, cuando la propia Legisladora no ha emprendido un esquema de apoyo a constructores locales para la realización de obras de infraestructura al interior de la entidad, como lo dio a conocer un medio de comunicación nacional.

En el caso del Gobierno municipal, se dieron a conocer los resultados de la auditoría forense, con observaciones por 398 millones de pesos, de los cuales más de 159 millones serían de daño administrativo y 239 millones se presume podrían tipificarse como daño patrimonial sin comprobación alguna, ya que según la auditoría realizada al periodo del primero de septiembre de 2016 al 31 de agosto del 2019, se detectaron pagos por productos y servicios que no se utilizaron o no se comprobaron, pero sí se gastaron.

Y es que para algunos regidores, el exalcalde José Ramón Enríquez debe terminar en la cárcel, ya que estas observaciones dan cuenta del dinero que se robó en la pasada administración, por lo que ante los señalamientos de los malos manejos que hiciera el anterior Alcalde y su gente, ahora debe llevarse ante las autoridades para que se le castigue y que regrese lo que se llevó.

Los castigos deben ser ahora ejemplares, ya han comenzado a surgir casos que llenan de vergüenza a los mexicanos y también a los duranguenses, las sanciones deben llevar en última instancia, a que se regrese el dinero al pueblo.

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