Por: Edgar Burciaga

A pesar de que sigue la contingencia por el COVID-19, aún faltan obras de infraestructura por realizar, en las que se espera una inversión de más de 524 millones de pesos en nuestra entidad, en las que se deje a un lado el compadrazgo, el amiguismo, los intereses políticos y económicos, que provocaban obras mal construidas, entregadas a destiempo y, generalmente, a costos muy superiores a lo presupuestado originalmente.

Por eso, el titular de la Secope, Arturo Enrique Salazar Moncayo, tomó protesta a Jorge Ignacio Chánez Peña, como subsecretario de Infraestructura Carretera, quien ya se había desempeñado en la Residencia General de Carreteras Alimentadoras del Centro SCT en Durango, bajo las órdenes de Cecilio Ayala Santillanes.

Esto no tendría mayor problema, sin embargo, este Funcionario viene con un amplio currículum de otra entidad, y confirma el malinchismo que se da en algunas dependencias, ocasionado por la preferencia por personas originarias de otros estados en lugar de profesionistas locales, a pesar de que se cuenta con los perfiles adecuados y ampliamente reconocidos.

Y el primer ejemplo son las obras del camino Las Palmas en el municipio de Santiago Papasquiaro que se promocionan como un gran beneficio para sus habitantes, gracias a la conectividad, cuando en realidad sólo son poco más de 300 metros, del km 0+940 al km 1+300, los que se construyen en este lugar, y en la capital del estado, la construcción detenida de lo que sería una nueva clínica del IMSS.

Por eso, los Presidentes Municipales deberán tomar en cuenta que para la construcción de infraestructura deberán clarificar la ejecución de los recursos con rendición de cuentas, por lo que en las constructoras que lleven a cabo las obras no deberán formar parte de moches que podrían dejar obras inconclusas y de mala calidad.

En nuestra capital, desde el 2016, se emprendió el proyecto de esta clínica al oriente de la ciudad, que se autorizó dos años, por lo que se radicaron los recursos para el proyecto ejecutivo y los trámites correspondientes, como el uso de suelo, los cuales se realizaron, lo que comenzó sin problemas, pero una vez que tomó posesión la actual administración, se pidió se realizaran de nuevo a petición de la Comisión de Desarrollo Urbano del Cabildo Capitalino.

En la revisión del proyecto, los miembros de esta comisión detectaron irregularidades, como los focos de contaminación cerca de la clínica, como la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y la Planta de Transferencia de Residuos Sólidos, que están a cargo del Gobierno municipal, los cuales han sido factores para que reiteradamente se tengan que hacer modificaciones continuas al proyecto inicial por “falta de viabilidad”, sin que haya respuesta favorable al Seguro Social.

De manera frecuente, se cambian las condiciones del proyecto, lo que pudiera parecer más un pretexto de los servidores públicos municipales para no aprobar la nueva clínica para los duranguenses sin que haya motivo para un nuevo lugar para la atención de la salud.

Mientras tanto, pareciera que la pandemia afectó al sector de la construcción, porque ya hay quienes pretenden impulsar desde ahora a aspirantes a la CMIC, en lugar de Miguel Ángel Reveles, dado el poco resultado que ha dado la dirigencia y han surgido nombres como David Lanzarín, quien además de ejecutar la construcción del Colector Andrómeda, preside el Club Campestre, al que le fue negada la reapertura por parte del Sector Salud para la realización de actividades recreativas y deportivas.

Así, la obra pública debe ser símbolo del progreso y el desarrollo de Durango.

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