Por: Edgar Burciaga

A pesar de que la pandemia del COVID-19 nos llevó a un escenario político diferente, en función de la “Sana Distancia”, y que hace tan sólo unos días fuera declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia la “Ley Bonilla”, que pretendía extender el mandato del Gobernador de Baja California de dos a cinco años, está en ciernes la discusión en el Congreso Local si esta iniciativa pudiera presentarse en el próximo periodo de sesiones.

De llevarse a cabo la reforma en materia electoral, sin duda, se daría un reajuste en las candidaturas a la Gubernatura por parte de los partidos políticos, y sería una administración de transición, y en Durango, esta reforma aún está pendiente, por lo que podría darse en el próximo periodo de sesiones del Congreso Local, sobre todo, cuando ya se han homologado los procesos para la elección de diputados locales y federales.

Así, con la homologación de las elecciones locales y federales podría darse una mayor participación electoral, una mejor capacidad ciudadana de monitoreo, un mejor ambiente de negociación partidista al no existir contiendas electorales permanentemente y la reducción de los costos de la organización del proceso.

Para una gubernatura de dos años no bastan las buenas intenciones, se necesita un político con experiencia y carácter, por lo que, de aprobarse, los ciudadanos sabrán escoger entre quienes hayan cumplido sus obligaciones y hayan dado buenos resultados, sobre todo, cuando uno de los principales problemas a que se enfrentará el próximo Mandatario, es la corrupción.

Una de sus principales acciones y no debe ser lema de campaña, sino acciones de Gobierno, es el combate a la corrupción, y es que, en los órganos descentralizados y autónomos, no hay rendición de cuentas y hay opacidad en la información. Su presupuesto es millonario y los resultados de su trabajo no son trascendentes, por lo que, para muchos de sus consejeros e integrantes, representa una gran opción para estar en la nómina por varios años.

Y con mayor razón, porque en las últimas semanas, se han emitido por parte del Congreso del Estado, las convocatorias para la elección del titular de la Entidad de Auditoría Superior, así como de nuevos integrantes en el Consejo Ciudadano del Sistema Local Anticorrupción y en el Instituto de Evaluación de Políticas Públicas.

Para ello, se lleva a cabo la pasarela para encontrar la persona idónea para el puesto que responda a los intereses de la clase política, o de otra manera pudieran declararse desiertas. En la EASE se han “autodesignado” personajes identificados con el pasado, como el propio titular, Luis Villarreal o el auditor Sergio Arreola, quienes tienen como competidores, al excontralor de la UJED, Eleazar Ramos Varela, quien no quiso llevar a cabo la investigación al exrector Erasmo Návar por el caso de la Estafa Maestra.

A ellos se suman entre otros, la exdirectora administrativa de la Secretaría de Salud, exsubsecretaria de Egresos, Lourdes Mora Serrano y Felipe de Jesús Coria Quiñones, exconsejero del CPC del Sistema Local Anticorrupción, mismos que desean seguir dentro de la nómina y con altos sueldos por los próximos siete años.

También, habría que esperar la lista de los aspirantes al Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción y el Instituto de Evaluación de Políticas Públicas, donde sin duda, se buscará también la persona idónea para el puesto que responda a los intereses de la clase política, o de otra manera se podría declarar desierta la convocatoria.

Es necesario terminar con la corrupción y con ello gastos superfluos que pudieran destinarse a otros rubros estratégicos para el desarrollo de la entidad y, sobre todo, para que estos organismos dejen de ser agencia de colocaciones para los políticos en turno.

www.durangoconfidencial.com

[email protected]

@Edgar_comenta