Por: Edgar Burciaga

Las alianzas ya no son sólo políticas, sino también ahora buscan incluir a otros sectores de la sociedad como los empresarios, por lo que los gobernadores de la Alianza Federalista además de la revisión del pacto fiscal, se han acercado a un grupo de empresarios del norte el país para consolidar alianzas electorales que los lleve a postular candidaturas a diputados federales y obtener por lo menos cien curules.

Y es que la Comisión Permanente del PAN dio luz verde para formar una coalición con el PRI y el resto de partidos de oposición para contender en ocho estados: Tlaxcala, San Luis Potosí, Zacatecas, Nayarit, Baja California Sur y Michoacán, así como Sonora y Nuevo León y aprobó la autorización para formar alianzas, sin embargo, se someterá el proyecto a consulta interna con la militancia para que no se formen alianzas que se sienta una imposición en cada estado.

Una vez aprobado en lo general el Presupuesto de Egresos de la Federación, del cual se desprenderán los recursos para los diferentes programas del Gobierno federal, así como de los montos que se destinarán a las entidades federativas, donde el grupo parlamentario de Morena presentó la propuesta de recortes en los órganos autónomos, principalmente en el INAI e INE, además de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recursos que se pudieran reasignar a Bienestar, de acuerdo a lo que plantea la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

En esta pandemia, uno de los personajes que más le ha preocupado la salud de los duranguenses, es el doctor Sergio González Romero, quien se ha sumado a la gestión ante el Gobierno federal para obtener apoyos para la atención de los pacientes de COVID-19, principalmente en la capital del estado y en la ciudad de Gómez Palacio, primero con los insumos médicos y en los últimos días, con la respuesta del Insabi y el IMSS para contar con más personal y más infraestructura que permita atender la saturación de los centros hospitalarios en la entidad.

En el aspecto económico, existe desesperación entre el gremio de los constructores, ya que son el sector que propicia la reactivación de la economía, no sólo porque están detenidas muchas empresas, sino porque se requiere de mayores recursos para la construcción de infraestructura como la Presa Tunal II, que se necesita para asegurar el agua para el abastecimiento de la capital.

Debido a estas condiciones, se debe cambiar el paradigma de la obra pública, porque no se debe estar pensando únicamente en el Presupuesto de Egresos como una forma de obtención de recursos y como un cheque al portador para quien realice los trabajos, sobre todo, si son asignados por las dependencias como SCT, o ejercidos de manera directa, para evitar casos de corrupción.

El problema de la falta de recursos en Durango no es sólo una labor de gestión de los diputados federales, sino de múltiples actores, como servidores públicos y organismos de los sectores público y social, no hay proyectos en la Unidad de Inversión de la Secretaría de Hacienda ni se han buscado convenios con organismos internacionales como la ONU; que puedan contribuir con fondos para programas especiales, particularmente para los grupos sociales con alta marginación.

De la misma manera, debe revisarse la actuación de las dependencias en los otros órdenes de Gobierno encargadas de la obra pública, porque hay casos que deberán revisarse porque aún se permite el “moche”, y hay quienes no hacen caso, ya que las licitaciones ya están asignadas con anticipación y son letra muerta en el proceso de asignación de obras.

Es tiempo de poner atención en lo que marca la Ley y cumplirla, no tratar de evadirla para obtener beneficios en función de los cargos públicos.

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