Por: Edgar Burciaga

La Fiscalía Anticorrupción deberá hacer una investigación a fondo para determinar la existencia de delitos de corrupción en el Gobierno Municipal por parte de funcionarios de la pasada administración, porque no se trata de utilizar las auditorías con fines políticos, sino atender la demanda de la sociedad.

Esa debe ser su labor después de que se presentó una serie de 14 denuncias por parte del Ayuntamiento en contra de cinco exfuncionarios municipales y algunas empresas por el posible manejo irregular de recursos públicos, con el posible desvío de recursos por el orden de 14 millones de pesos depositados en 2019 a empresarios que no demostraron servicio o productos, a través de 120 transferencias.

Cabe destacar que, a lo largo de los tres años de la pasada administración municipal, se dieron situaciones opacas y sin rendición de cuentas, como el cambio de luminarias que representa el pago de recursos por el orden de los mil millones de pesos a cargo de los ciudadanos duranguenses por el arrendamiento, o el contrato del manejo de los residuos sólidos, cuyo servicio se privatizó durante la administración de Adán Soria Ramírez.

Aunque para algunos especialistas hubiera sido más rentable para el Ayuntamiento la compra de las luminarias, se optó por el arrendamiento, lo que fue autorizado por el Congreso del Estado, por lo que la Fiscalía deberá llamar también a cuentas a la síndico, Luz María Garibay, quien por Ley, tendría que haber vigilado la actuación de los funcionarios y la ejecución de los recursos, sin embargo, podría también estar involucrada en posibles casos de corrupción dado que fue ella quien dispuso del procedimiento para la comercialización de las luminarias retiradas, y de lo que tampoco se dio explicación a los ciudadanos.

Con estos antecedentes, la actuación de la Fiscalía está en el aparador, para evitar que su labor sea únicamente de revanchismo político en contra de los grupos políticos que no son afines y para favorecer a determinados grupos en el poder, como ya pasó en el caso de un Funcionario lagunero, sobrino de la Coordinadora de Gabinete del Gobierno del Estado.

Estos señalamientos no corresponden todavía a los resultados de la auditoría forense, que deberán presentar las denuncias en caso de desvío de recursos, sobre todo, porque con este monto de recursos, se podrían adquirir 56 patrullas nuevas, lo que equivale al parque vehicular disponible para la Dirección Municipal de Seguridad Pública.

Ahora, las leyes reglamentarias prevén castigar con cárcel a los funcionarios públicos y contratistas que cometan tráfico de influencias, desvío de recursos, moches, contratación ilegal de deuda y enriquecimiento ilícito, entre otros delitos. Esperemos el resultado de la investigación.

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