Por: Edgar Burciaga

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, acusó a algunos estados y municipios del país de mantener acuerdos político-electorales con grandes empresas consistentes en no cobrarles impuestos o algunos servicios, por lo que urgió a las autoridades del país a realizar mayores esfuerzos para hacerse de recursos económicos y de esta forma, solventar las necesidades de la población que gobiernan, a fin de «no estar esperando el cheque» que representan cada mes las participaciones federales, después de que desde la década de los 80 del siglo pasado, cuando se aprobó la Ley de Coordinación Fiscal, la federación cobra todos los impuestos y de ello otorga un porcentaje a los estados y municipios del país.

En nuestro país, el Gobierno es visto por los mexicanos como el principal responsable de la corrupción y el lugar dónde ocurren más estos actos, sin embargo, empresarios, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, también son vistos como responsables de los esfuerzos anticorrupción.

Eso se puso de manifestó al rendir su informe con motivo de su segundo aniversario de su administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador donde destacó como eje de su gestión, el combate a la corrupción y la austeridad republicana. Se ajustó el marco legal con reformas constitucionales en temas como corrupción, robo de hidrocarburos y fraude electoral, considerados ahora como delitos graves, se creó la Guardia Nacional y se canceló la condonación de impuestos; se garantizaron consultas populares y la revocación de mandato.

Una vez aprobado el presupuesto del Gobierno federal, entre los recursos que se ejecutarán el próximo año, destaca la aplicación de cuatro mil 200 millones en participaciones de salud, para una plantilla de casi siete mil trabajadores, lo que es una muestra del apoyo del presidente, Andrés Manuel López Obrador, a este sector en nuestra entidad, mientras tanto, por parte del Gobierno estatal, se cuenta con recursos de los 300 millones de pesos, cifra superior a la aportación de 2020 que correspondió a 120 millones de pesos.

Después de la presentación del Paquete Económico del Gobierno estatal, se ha anunciado la posibilidad de hacer recortes presupuestales a organismos autónomos como es la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) para el próximo año a comparación del 2020, lo que se consolidará una vez que se aprueben el presupuesto en el seno del Congreso local, además de que se esperan recortes en otros como el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) y el Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales (IDAIP) entre otros.

Y es que los organismos encargados de combatir la corrupción son donde se han registrado casos, como ha sido el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción, en cuyo seno se han hecho señalamientos contra la Secretaria Técnica, por su intención de repartir bonos económicos en beneficio al interior de este ente, lo que propició que se le solicitara su renuncia en la pasada reunión del Consejo.

Y es que se dio a conocer que nuestro estado ocupa el segundo lugar de corrupción a consecuencia de la percepción que empresarios detectan en instituciones de los gobiernos estatal, municipales y federal, de acuerdo al Centro Empresarial de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Durango cuenta con un 58 por ciento de percepción en corrupción, cifra por la que ocupa el segundo lugar, de acuerdo a las estadísticas entre los socios y miembros de Data Coparmex.

Sin embargo, quienes han sido los más beneficiados dentro de la propuesta de presupuesto, son los organismos sociales y autónomos que expresan su opinión con respecto a diversos temas, correspondan o no a sus funciones, lo que incluso los convierte en voceros, sus dirigentes participan en los eventos oficiales, sean virtuales o presenciales, además de no faltar en las fotos.

Y así, los actos de corrupción tienen un componente del sector público y se necesita una contraparte en el sector privado o de un ciudadano para completar los esquemas de gran corrupción.

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