Por: Luis Villarreal Gil

En los últimos días ha cobrado importancia la discusión acerca del pacto federal y del pacto fiscal, derivado de la postura que han tomado los gobernadores de los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas; mismos que conforman la “Alianza Federalista” esto, en un afán de ejercer presión al Gobierno Federal ante la asignación del presupuesto 2021 y las acciones que se han emprendido para atender las afectaciones de salud en la población derivado de la pandemia por COVID-19, amenazando con salirse del pacto federal y/o fiscal en caso de no atender sus pretensiones.

Para entender un poco cual es el reclamo de los mandatarios de estos estados, primero se debe comprender, que hablar del pacto federal y del pacto fiscal, corresponde a dos esquemas totalmente diferentes; el primero, (el pacto federal) es la voluntad de unión de los 31 estados y la Ciudad de México para conformar los Estados Unidos Mexicanos, los que constitucionalmente se conforman en una federación, en la cual se depositan en un ámbito de Gobierno federal, ciertas facultades y recursos preservando su libertad y soberanía.

Por otro lado, el pacto fiscal corresponde al acuerdo en el que éstas partes, que conforman la federación, asignan el reparto de las facultades tributarias para recaudar y la manera en que se distribuye el gasto, lo cual está contemplado en la Ley de Coordinación Fiscal, donde se establece la manera en que se ejerce la distribución de los recursos a los estados, considerando para tal efecto ciertos elementos como el número de población, pobreza y otros parámetros. Este acuerdo permite una asignación equitativa de los impuestos, tanto locales como federales y su posterior distribución entre la federación, los estados y municipios.

Pues bien, considero que esta pretensión de la “Alianza Federalista” responde más que nada a tintes políticos, como una medida de chantaje para tratar de obtener cierto posicionamiento mediático de golpeteo ante el Gobierno federal y de paso buscar un ajuste presupuestal para que sus estados salgan beneficiados con un incremento en el monto asignado, sin embargo, la federación ha mantenido firme su postura de no ceder a la presión argumentando que a cada Estado se le habrá de entregar lo que por Ley les corresponde.

Y es que, de los 10 estados “inconformes” solo tres cuentan con plena autonomía financiera como para solventar su gasto con recursos propios; Nuevo León, Tamaulipas y Colima, los demás, entre ellos Durango, son incapaces financieramente, ya que sus ingresos dependen en un 90 por ciento del recurso federal y cuentan con muy baja recaudación por lo cual sería un grave error abandonar este acuerdo.

Es un tema de discusión que sin duda da lugar a diversas posturas, no es cosa menor, las aportaciones y participaciones federales tienen como propósito fortalecer la capacidad de respuesta de las entidades federativas a temas de salud, educación, seguridad, etc. además de incentivar el desarrollo y el crecimiento económico. Sin duda, todos esperamos que a nuestro Estado le vaya mejor, que se le asignen mayores recursos para infraestructura y obra carretera, sin embargo, hoy las condiciones del país son muy complicadas, considerando el contexto de crisis generado por la pandemia del COVID-19 en donde la salud es un tema prioritario.

Desde una perspectiva económica, resulta inviable, al menos para Durango, abandonar el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, por el contrario, el debate debería centrarse en incrementar la recaudación tributaria del estado e incorporar los principios de austeridad y ahorro en el gasto público, priorizando aquellos rubros que son sensibles y de mayor beneficio para la población, todo esto alejado de posturas políticas y partidistas.

Twitter: @Luisvillarrealg