Por: Emmanuel Salazar

La economía se ha impuesto a la salud, y ello se podrá observar en los siguientes días sobre todo en entidades localizadas al norte del país, entre ellos por supuesto Durango, en donde gradualmente se incorporarán a laborar la fuerza productiva del sector autopartes, minero y constructor.

El pasado viernes, el Gobernador José Aispuro Torres dejó en claro que en Durango existen 50 mil trabajadores vinculados al sector automotriz, vía las fábricas de autopartes, mismas que regresaran paulatinamente a las actividades, y con ello vendrá por supuesto el riesgo de un incremento en los casos de COVID-19.

El Gobierno Federal se ha lavado las manos y ha dejado en la jurisdicción de los gobiernos estatales el regreso de las actividades productivas, en tanto persiste la negativa a realizar pruebas por parte de la autoridad federal que deja a los ejecutivos decidir al tanteo el regreso de los obreros a las fábricas, a las minas y a la construcción.

Si hacemos caso a las vivencias de otros países, no es nada remoto que los sistemas de salud en los estados vayan a caer en una crisis de atención pues al carecer de pruebas que permiten conocer con mayor exactitud la evolución del virus en cada entidad, el regreso a la actividad productiva se hace con los ojos cerrados.

En Durango, el Secretario de Salud, Sergio González Romero, ha señalado la necesidad de contar con más tiempo y no regresar de inmediato a la actividad productiva, sin embargo, la necesidad de volver a producir, bajo el riesgo de perder los contratos de maquila de autopartes impone el decidir la reanudación de los trabajos.

Seguramente esa mayor movilidad traerá consigo contagios y eventualmente más muertes, que hasta el sábado sumaron 22 decesos en Durango, sin que se pueda hacer mayor cosa que encomendarse a Dios para que no haya una escalada mayor que deje colapsado el sistema de salud en la entidad.

La apuesta del Gobierno Federal al rebaño de inmunidad es realmente un volado, hasta ahora nadie ha podido afirmar que ese estatus se pueda aplicar en el COVID-19, además de que para llegar al mismo se deberán perder unas 800 mil vidas, según estimaciones del ingeniero Tomás Pueyo.

“Si dos terceras partes se infectan, son cien millones en México y si se mueren el 0.8 por ciento, son como 800 mil muertos. Eso asumiendo que el sistema hospitalario no colapse y que no hay otros factores (comorbilidades)”, expresó Pueyo.

¿Estamos listos para ese volado?

Comentarios: @jemmanuelsr