Por: Saúl Díaz Rutiaga

En una sociedad democrática, el Estado es el encargado de dirigir los destinos de la sociedad, de tomar decisiones que propicien bienestar y promuevan un desarrollo integral progresivo, donde prevalezca siempre el respeto a la Ley y se garanticen los derechos y las libertades fundamentales; una responsabilidad primaria y esencial del Estado es la de salvaguardar la seguridad pública mediante la prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos que ocurran en la sociedad según lo previsto en el Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se tiene a la persona como componente central, buscando siempre lo que más le favorezca, garantizando la salvaguarda de sus derechos así como el pleno ejercicio de libertades.

Al respecto, existen en el ámbito internacional criterios perfectamente definidos adoptados por nuestro país respecto de los principios que las Instituciones de seguridad pública deben observar en los casos en que haya necesidad de hacer uso de la fuerza, estos son la Legalidad, Proporcionalidad, Necesidad y Moderación, los que deberán ejercerse con apego a lo  establecido en el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, a fin de que se respeten la dignidad humana y que la autoridad no abuse cuando haga uso de la fuerza ni cometa actos arbitrarios, ya que eso repercute de manera directa en la calidad de la vida de los individuos y de la sociedad en su conjunto; de ninguna forma se trata de fomentar la anarquía permitiendo que las y los gobernados quebranten la Ley, sino de que las Instituciones y autoridades sean ejemplo y actúen con estricto apego a sus atribuciones y limites, respetando los derechos y las libertades de todas las personas, situación que no siempre sucede, por ello, existe la imperiosa necesidad de promover que el Gobierno y población seamos más comprometidos y respetuosos de la legalidad, y podamos convivir de manera más armónica, buscando crear  una sociedad tolerante en la que respetemos las diferencias y escuchemos a los demás como esperamos ser escuchados, en la que seamos conscientes que las ideas, necesidades y  pensamientos generalmente serán diferentes a los propios, asumiéndonos como sociedad responsable.

Es fundamental reconocer que en México tristemente se ven con cierta normalidad los abusos de poder y que no se siempre se respeta la legalidad, más bien toleramos las violaciones sistemáticas, aun así todos exigimos que haya justicia, es entonces necesario tener claro que observar el cumplimiento de la Ley no solo es responsabilidad de las y los ciudadanos, sino también una obligación política y jurídica para quienes ejercen el poder, los cuales deben tener apertura al pluralismo, a la tolerancia y al cambio social, eso es lo que propiciaría que el respeto al Estado de Derecho sea una realidad.