Por: Erick R. Solís Tavizón

En nuestro país, las expresiones de protesta política y social enmarcadas en marchas, plantones, bloqueos de carreteras, entre otras, por parte de organizaciones independientes o agrupaciones sociales (estudiantiles, magisteriales, obreras, campesinas, feministas, ambientalistas), tienden a ser reprimidas por los tres niveles de Gobierno. Esto, bajo el estandarte del “Estado de derecho”, que se presenta con en el uso de la fuerza pública (policías, militares, marina, y ahora guardia nacional) y de cuerpos de inteligencia (Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, ahora Centro Nacional de Inteligencia) como vía para la “solución” momentánea del conflicto, son pretexto de preservar el “orden” público y la “paz” social. Algo muy aclamado y demandado por los empresarios, en la medida que las acciones de protesta repercuten -directa o indirectamente- en el flujo de turistas, de mercancías y de capital, y por lo tanto en sus ganancias económicas. Sin embargo, el Estado de derecho no es el simple uso de la fuerza pública, se trata de “la limitación de la acción gubernamental por medio de leyes y la reivindicación de una serie de derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos” entre ellos, el derecho a la protesta política y social.

El Estado de derecho implica a un Gobierno y a sus representantes que protejan en la vida cotidiana -no sólo en las leyes escritas-, los derechos fundamentales de todos sus representados: Vida, propiedad y libertad, y por supuesto que se castigue a todos los que los violen. La justicia, dar a cada quien lo suyo, sólo es posible, sin caer en el caos de que cada quien la trate de hacer por propia mano, en un Estado de derecho.

Cuando un Gobierno protege los derechos fundamentales de unos cuantos, pero permite su violación a otros por su posición social, ideología, raza, partido político o credo, se extingue el Estado de derecho y cuando el Gobierno es el primero en violarlos hay dictadura o despotismo.

Como en muchos países del mundo considero que nuestra Carta Magna resulta ser algo contradictoria: Por un lado, protege los derechos fundamentales de los ciudadanos y por otro los limita y empobrece mediante un exceso de impuestos y reglamentaciones. Contiene derechos, como al trabajo, vivienda y educación, que pueden interpretarse demagógicamente como que el Gobierno tiene la obligación de darlos, cuando esos derechos consisten en que el Gobierno respete que yo trabaje, viva y me eduque dónde y como quiera. Los derechos se respetan y reconocen, no los otorga, reparte y regala un Gobierno.

Para hablar de un Estado de derecho debe haber una autoridad que castigue a quienes lo violan. Si por incapacidad un Gobierno no restituye los derechos violados, como es el caso de la propiedad, la libertad, la salud o la educación, no hay Estado de derecho.

En un Estado de derecho la autoridad tiene el monopolio de ejercer la violencia para restablecer la paz y aplicar la justicia. Cuando permite que alguna persona o grupo, con la excusa de reestablecer sus derechos violados, ejerza violencia sobre los presuntos violadores, no hay Estado de derecho. Cuando un grupo actúa violentamente para vengar una injusticia, no podemos hablar de justicia ni de un Estado de derecho.

De tal modo que, la perspectiva jurídica del derecho se convierte en la herramienta política del Estado para el ejercicio de la represión legal sobre sectores del pueblo organizado o grupos de protesta con demandas específicas. Sobre todo, a aquellos que, debido al grado de injusticia, de impunidad y la falta de atención y solución a sus demandas legítimas, tienden a salirse de los cánones de obediencia marcados por el Estado. Para ellos se agrega la creación de leyes a modo que buscan tipificar como crímenes las acciones de protesta política y social, como en su momento lo fue la Ley de Seguridad Interior y ahora lo es la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza (aprobada recientemente). Leyes que no sólo permiten al Estado el uso de la fuerza pública para disolver las expresiones de protesta en las calles, sino también para hostigar, perseguir y reprimir a las organizaciones sociales que plantean un proyecto político distinto al del poder dominante.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, solo nos queda preguntarnos si en Durango, vivimos realmente en un Estado de Derecho.

Twitter: @ErickSolísT