Por: Martín Alberto Hernández González

Queridos lectores, el tema que hoy tocaremos, es el costo de los juzgados cerrados, en estos tiempos de pandemia del COVID-19; Para entrar en contexto, podemos considerar que son ilegales, los decretos de cerrar los juzgados, tanto federales como estatales, esto en base al acuerdo por parte de la Secretaria de Salud del 31 de marzo del 2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación, en donde se ha considerado actividad esencial la IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, en su artículo Primero, fracción II, del decreto que estableció cuales actividades eran esenciales.

Lo anterior sale a colación, pues hace poco el titular del Poder Judicial del Estado de Durango, Esteban Calderón Rosas, parece no conocer dicho acuerdo al hacer unas declaraciones por demás desafortunadas, en el sentido de que no es seguro reabrir los tribunales locales, aunque así lo pidan los abogados litigantes, pues esto es por salud y que es más importante que el trabajo.

Según el Funcionario, se contraponen dos derechos, el de salud y el de trabajo, claro es para todos los estudiosos del derecho, que en la etapa que se vive de la pandemia no existe restricción de derechos y un derecho humano, es el de la justicia.

Ahora bien, pasando de la teoría jurídica, la misma secretaria de Salud, en su acuerdo de actividades esenciales, ha señalado que los poderes del estado deben de trabajar (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), sin embargo, el único que dejó de trabajar es el Judicial.

Haciendo que los juicios ya lentos de por sí, se hagan eternos para los pobres justiciables, viéndose afectado uno de los gremios más grande de profesionistas en nuestro país como son los abogados, quienes han sido agraviados por estas decisiones de unos cuantos privilegiados, magistrados y ministros quienes perciben sin trabajar.

Dicho lo anterior, la pregunta obligada es cuanto nos cuesta, el tener los tribunales cerrados, a dicha interrogantes, podemos decir, que un juzgado de Distrito, cuesta entre un millón y un millón y medio, de manera mensual su funcionamiento, aquí en la capital tenemos tres de ellos, cuatro colegiados y un tribunal unitario, esto en parte de la justicia federal.

Para vernos moderados, una parte de la justicia federal nos cuesta, cuando menos ocho millones de pesos, que se pagan, sin trabajar, esto sin entrar en detalles, como la sala auxiliar, la sala agraria, o la junta federal de conciliación y arbitraje, sólo por hablar de tribunales federales.

En cuanto a lo local, un magistrado local recibe al menos setenta mil pesos mensuales de salario, esto sin entrar al costo de la justicia, entre los magistrados locales, ganan más un millón doscientos mil pesos mensuales en puros salarios, los cuales no se están trabajando.

Si bien, dicen que es por salud, lo cierto es que ya deberían de tener protocolos para atender al público y seguir trabajando, pues la justicia del estado, nos es barata, se paga con los impuestos de todos y la misma secretaria de Salud la ha establecido como una actividad esencial. Sin mencionar que con esas determinaciones de tener cerrado se violan derechos humanos al acceso a la justicia, el cual se encuentra negado, por burócratas que cobran sin trabajar.

Sin embargo, si los millones de pesos que se pagan a este poder tanto local como federal fueran ha ventiladores artificiales para enfrentar la pandemia y ningún funcionario de justicia recibieran más de diez mil pesos mensuales, de seguro, todos los juzgados estarían abiertos y los protocolos como en tiendas departamentales ya se habrían implementados.

Así amigos, hoy vemos como personas como Esteban Calderón Rosas, son indolentes ante las necesidades de la población en tiempos de pandemia, pues ellos no se ven afectados y tienen más de dos meses de vacaciones pagadas.