Por: Juan Alberto Esquivel y Cebrián

En la colaboración anterior decía que, a mi juicio, tres son los pilares en los que actualmente se cimenta la corrupción.

El primero es la impunidad, lo cual es indiscutible y que, en realidad, más que deficiencia en la procuración de justicia, creo que es consecuencia de un estado de derecho mal ejercido.

Entendemos que un estado de derecho es donde el ejercicio del poder es regido por los mandatos que emanan del orden jurídico vigente; donde hay leyes conocidas y acatadas por la mayoría de la población y quienes no lo hacen son, efectivamente, sujetos de las sanciones establecidas en la misma legislación.

Pero, ¿Qué sucede? México es de los países que tienen más leyes, pero de los que menos las cumplen y esto se refleja en nuestro dicho tan común de que «las leyes son para violarse», en nuestra percepción de que éstas son más un factor de extorsión por parte de la autoridad que de protección a la población o de armonía social y en nuestro desconocimiento genérico de ellas.

Entonces, ¿Qué nos falta para, verdaderamente, disfrutar de un Estado de Derecho?

Creo que, lo primero, es contar con leyes acatables; esto es, estructuradas y redactadas para su fácil comprensión y que, efectivamente, respondan al bien común.

Luego, la difusión entre la ciudadanía de los puntos esenciales de las más genéricas y entre los sectores de interés, los de las especializadas.

Con base en ello, que la ciudadanía, cuando sienta afectados sus derechos, ejerza sin temor su derecho de denuncia, lo cual será realidad cuando la población tenga confianza en la acción eficaz de las instancias preventivas e investigadoras del delito.

Aunado a ello, una administración de justicia que asegure la honestidad, imparcialidad y eficacia de jueces y magistrados, mediante mecanismos idóneos establecidos por sus propios órganos de dirección y control y así, por sus resultados, merezca la confianza real de la población.

Igualmente, que los servidores públicos, en todos los cargos en los tres poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) y desde el más humilde empleado municipal hasta el Presidente de la República, asuman su cargo con el compromiso formal de que sus  ingresos económicos y beneficios serán los estipulados por las leyes y reglamentos establecidos y se tengan las instituciones adecuadas para certificar su cumplimiento.

Como el personal directivo y ejecutivo de los poderes Legislativo y Ejecutivo son, en su gran mayoría, aportados por los partidos políticos, queda en éstos la responsabilidad de la formación de gobernantes efectivos y eficientes, pero eso será tema de otra colaboración.

Y, por supuesto, el acatamiento de las leyes, por parte de la ciudadanía.

Suena a utopía, pero hay países que se acercan bastante al modelo.