Por: Saúl Díaz Rutiaga

La democracia la entendemos como el derecho que tiene la sociedad para elegir y controlar a sus gobernantes y que sea la ciudadanía precisamente quien exprese su opinión y sea escuchada pero sobre todo atendida, no solo a través de una democracia electoral sino mediante una verdadera democracia de ciudadanas y ciudadanos mediante la que se oriente las decisiones de Gobierno y estas se traduzcan en realidades en el goce de derechos, incluso en un incremento de estos, desde los civiles y políticos, hasta los económicos, sociales, culturales y ambientales, desde luego, siempre con una corresponsabilidad social. No obstante, en la realidad social que vivimos, seguimos teniendo límites a esa democracia de ciudadanía, incluso en algunos ámbitos persisten francas dinámicas de estancamiento y hasta retroceso, sobre todo en lo que se refiere al ejercicio de los derechos económicos y sociales como son la salud, el empleo, la educación y la vivienda; además de que en fenómenos como la concentración de poder impiden avances en derechos civiles y políticos tales como la vida, la seguridad, la libertad, la posibilidad de asociarse y elegir, de ahí la importancia de que la participación de las personas en el espacio público no se reduzca solo a acudir a votar.

Así, entre democracia y derechos humanos existe una fuerte relación, ya que, de manera conjunta, son elementos de un Estado de Derecho que comparten una premisa elemental: Permitir que las y los gobernados vivan con dignidad y derechos, lo que entiende debe ser el interés y finalidad en toda sociedad, sin embargo, aun con los esfuerzos de modificar la Constitución en materia de derechos humanos en junio de 2011 pretendiendo generar un cambio en el modo de entender las relaciones entre las autoridades y la sociedad, colocando a la persona como el fin de todas las acciones del Gobierno y propiciando el ejercicio pleno de los derechos humanos queda mucho por hacer, ya que deberíamos vivir una disminución de violaciones a los derechos humanos situación que a la fecha no ha ocurrido, sigue siendo necesario implementar acciones afirmativas por parte de gobiernos y autoridades que conduzcan a reivindicar la vigencia de los derechos humanos incluso ampliar el catálogo de estos.

Por eso es que resulta necesaria la construcción de una ciudadanía que sea una verdadera herramienta para vincular las formas de la política y sus resultados o finalidades donde la vigencia de los derechos humanos se haga realidad para todas y todos, una ciudadanía renovada, en donde los derechos humanos no sólo se conciban como un catálogo de reglas de protección de la libertad, igualdad y dignidad humana, sino además, constituyan los principios que regulen la convivencia social a partir del reconocimiento de las obligaciones, las responsabilidades, las garantías y los derechos de los demás. El desafío es revertir el estancamiento y buscar construir una sociedad donde seamos conscientes de nuestros derechos y obligaciones, y que mediante la participación política y social exijamos al Estado que se promuevan, se respeten, se protejan y se garanticen los derechos humanos a través del desarrollo de nuevas agendas y formas de construcción de ciudadanía y generación de procesos donde la vigencia de estos derechos se haga realidad para todas y todos, puede sonar utópico, pero es preciso transitar hacia la construcción de una sociedad en la que exijamos derechos y cumplamos con obligaciones, una sociedad democrática y justa en la que no se violen sino que se promuevan, respeten y promuevan los derechos.