Por: Quetzal Herrera

El asunto de la pandemia por Coronavirus ha rebasado todo tipo de expectativas y pronósticos de los expertos desde el inicio de la misma, por lo que la “Nueva normalidad” debe implicar el proceder desde la parte legislativa para tratar de evitar que el número de contagios siga con ese crecimiento a nivel nacional, de hecho estados como Nuevo León, ya aprobaron un decreto y Querétaro, Yucatán y la Ciudad de México, están considerando elevar a delito a quien sabiendo que tienen COVID-19 no se mantenga en aislamiento y exponga a otras personas, con penas que van desde lo económico hasta de tres a seis años de cárcel. En el caso de Durango, desde el 2017 hubo una reforma a nuestro Código Penal en su artículo 189 que habla precisamente del delito de “peligro de contagio”.

Dicha reforma fue publicada en el Periódico Oficial el 5 de marzo del año en mención, a través del decreto número 59, donde se establece que “al que sabiendo que padece una enfermedad grave en periodo infectante, ponga en peligro de contagio la salud de otro, por cualquier medios transmisible, se le impondrán de tres a cinco años de prisión y multa de 216 a 370 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMAS)… en caso de que se trate de una enfermedad incurable, se le impondrá una pena de tres a 10 años de prisión y una multa de 216 a 720 UMAS”. Si en este momento el Coronavirus sigue representando un problema grave de salud, incluso para la Organización Mundial de la Salud (OMS), se torna necesario que para evitar que existan más contagios este artículo deberá considerarse en nuestra entidad.

Es necesario dejar en claro que se habla de personas que aun teniendo el conocimiento de la enfermedad no hagan nada por aislarse y pongan en riesgo a más población, porque no podemos dejar de lado que quienes también han representado un alto riesgo son quienes no muestran ninguna sintomatología respecto a esta enfermedad, y en ese caso no habría delito que perseguir, el asunto está enfocado a quienes de manera intencional continúen con sus actividades exponiendo a alguien más, y desde luego que en este momento deberá considerarse una enfermedad de peligro al no existir ninguna vacuna para su cura.

Por otro lado, es casi seguro que existan ciudadanos que presenten algún tipo de síntoma y que por diversas razones, entre ellas la falta de pruebas suficientes por parte de la autoridad, se mantengan en sus actividades, con el riesgo implícito que ello conlleva, y también hay quienes no tengan la posibilidad de gastar entre mil 300 y tres mil 900 pesos que cuestan las pruebas, pues las condiciones económicas de una parte importante de la población no permiten hacerlo en laboratorios particulares; es decir, deberá existir una correlación por parte de las autoridades sanitarias para primero generar las estudios suficientes, y una vez detectados los casos aislarlos, y de hacer caso omiso a esas medidas entonces sí habría que entrar a la parte legal.

Incluso aplicar el Código Penal de nuestro estado, a quienes sabiendo que padecen el virus anden “como si nada”, sería una forma de ayudar en algo el gremio médico que cada vez está más afectado por el número de contagios que se han generado, sería un mecanismo más estricto pues los llamados a la conciencia social se han visto rebasados por quienes aún están pensando que el Coronavirus no existe.

Twitter @QuetzalH