Por: Quetzal Herrera

Se despejaron las dudas en cuanto a la inconstitucionalidad o no de la consulta que ha venido planteando Andrés Manuel López Obrador para juzgar a los expresidentes, pues de acuerdo al proyecto planteado la semana pasada por el ministro Luis María Aguilar, que justificaba el por qué no debería realizarse, finalmente con una votación dividida y tras algunos recesos la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) marcó el rumbo definitivo que tendrá esta estrategia política y electoral que se fijó desde Palacio Nacional, pues a pesar de ser avalada dicha consulta, no será ni con la pregunta ni mucho menos en las fechas deseadas por la Cuarta Transformación (4T) para obtener dividendos electorales.

A pesar de que a muchos especialistas en la materia legal sorprendió la postura fijada por la SCJN en torno a avalar la consulta es claro que la determinación de cambiar el cuestionamiento que se les hará a los ciudadanos retira uno de los principales elementos que le daban fuerza a las intenciones cuatroteístas, pues los ministros determinaron eliminar el nombre de los expresidentes mexicanos por distintas razones; por lo que con seis votos a favor y cinco en contra el cuestionamiento será: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

Para el Presidente es una pregunta “muy genérica”, de acuerdo a sus propias palabras, pero es claro que en esencia es algo que ya se está haciendo con personajes que participaron en sexenios anteriores; eliminar el nombre de los expresidentes desde luego que deja al aire y con características “blandengues” la intención política de fondo que se pretendía, a pesar de que la corte sancione la práctica como constitucional, a López Obrador parece que esto le deja un sabor agridulce y no terminaría lograr el efecto inicial. Y esto al parecer fue la única alternativa que los miembros del Poder Judicial para quedar bien de ambos lados, es decir, no asumen del todo una postura hacia ninguno de los bandos; pues hablar de “emprender un proceso de esclarecimiento” significa que antes de todo se buscará salvaguardar los procedimientos legales.

Otro aspecto que seguramente no deja del todo buen sabor de boca al Presidente, es el hecho de que la Corte de Justicia determinó que la fecha en que se aplique la consulta, una vez aprobada, no sería en el mes de junio, justo el día de las elecciones como se pretendía, sino que los ministros cuidaron ese aspecto y estipularon que sería hasta el primer domingo del mes de agosto del 2021 cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) la implemente; algo que quizá elimine el interés de llevar a cabo dicha consulta, pues el efecto electoral queda descartado toda vez que era el “as bajo la manga” para propiciar la salida de los ciudadanos a votar y con ello provocar de alguna forma la mayoría en el Congreso de la Unión.

Todo estaba bien medido en tiempo y forma, hasta que la Suprema Corte al quedar bien con el Ejecutivo, también establece candados y que no fuera un “cheque en blanco”, sino que propicia que sean procesos judiciales bien llevados e insistimos en que nadie puede estar en contra de juzgar a alguien que le hizo daño al país, que paguen y si la Ley lo determina, que vayan a la cárcel, así de sencillo.

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