Por: Quetzal Herrera

La vida interna de las naciones implica hacerse de mecanismos que bien consolidados se deben convertir en un poder paralelo al propio poder, pues a través de su actuar el objetivo es que generen confianza en los ciudadanos, ya que las posturas oficiales no son jamás la verdad absoluta; y es que en los últimos días se ha generado un intenso debate respecto a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, para desaparecer a los órganos autónomos con el argumento de que fueron creados bajo criterios poco claros, asegurando además que en muchos de ellos se han documentado niveles altos de corrupción de administraciones anteriores.

No es posible «meter las manos al fuego» por ningún organismo autónomo, lo que creo fundamental es que, de desaparecerlos a implementar los mecanismos que los fiscalicen hay una enorme diferencia, y que en medio de éstas no vaya implícito un manejo electorero por las elecciones de este año; porque si como dice el Presidente que existen irregularidades creo que la solución es abrir investigaciones con los efectos legales a que haya lugar, que de encontrarse responsables en el manejo del recurso público asuman las consecuencias, porque seguramente habrá quienes han pasado por estos organismos buscando su «agosto», pero me parece que en su gran mayoría son ciudadanos que han mostrado compromiso con los distintos temas, desde la transparencia, derechos humanos, electorales, entre otros, porque generalizar tampoco ayuda a quienes se puedan ostentar como demócratas.

Como un ejemplo de lo anterior está la relación que tiene la posible desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), con la reserva que hicieron tanto la Secretaría de Salud (SSA) a nivel federal y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), respecto a la compra de las vacunas contra el COVID-19 por un periodo de cinco años, periodo en el que no se conocerán los pormenores de los acuerdos que se hicieron con las farmacéuticas, bajo el argumento oficial de que sacar a la luz los datos pone en riesgo las negociaciones con estas empresas.

Suponiendo que este mismo ejemplo ocurriera, pero sin que existiera el INAI y que todo lo relacionado a la transparencia dependiera directamente de la Secretaría de la Función Pública, es un error que no le abonaría a la credibilidad, dejando en claro que independientemente del partido o ideología que gobierne este país; se trata de impulsar el respeto a los órganos autónomos, no de limitarlos, porque en la forma de implementar las políticas públicas radica en evitar la centralización de instituciones que sí tienen buenas intenciones, pero que al final necesitan el respaldo y respeto de quienes nos gobiernan, incluso estas acciones representarían una mejor percepción ciudadana.

Desacreditar por otro lado al órgano encargado de las elecciones en nuestro país, tampoco genera confianza en los mexicanos respecto a la obligación civil que tenemos de emitir un sufragio, porque si el “árbitro” no tiene una buena percepción, los resultados de cualquier proceso tendrán la sombra del fraude, muchas veces sin los argumentos suficientes; por el contrario, la democracia inicia con la participación en las urnas, y desaparecer estas herramientas de expresión social, tendría consecuencias que nos retrocederían en el tiempo muchos años.

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