Por: Quetzal Herrera

El ejercicio de la política siempre lleva implícito el riesgo de mostrarse vulnerables respecto a lo que se dice y se hace, pero además formar parte de un Gobierno, como en este caso el federal, por una u otra cosa existe una línea muy delgada entre lo público y privado, y cuando ambas cosas se juntan pueden provocar una crisis para el gobernante en turno y para lo que representa; así le ha ocurrido en los últimos días a la Secretaria de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, así como a su esposo, también funcionario, John Ackerman, quienes fueron señalados tras una investigación del periodista Carlos Loret de Mola, en la que afirma que en los últimos nueve años este matrimonio no solo se ha hecho de seis propiedades con una plusvalía elevada, sino que también fueron beneficiados con un terreno con un valor aproximado a los seis millones de pesos, del entonces Gobierno del Distrito Federal.

Hasta este momento hablamos de dos versiones encontradas, en donde ambas partes están obligadas a comprobar sus dichos, pues si bien es cierto el periodista yucateco se ha caracterizado durante los últimos meses, desde su salida de Televisa, en documentar y publicar casos de corrupción por parte de los funcionarios del Gobierno Federal, como el caso de las casas de Manuel Bartlett, y ahora esto en contra de Irma Eréndira, donde llama la atención que, de comprobarse, se habla de que esta información no fue reportada por la Funcionaria en su declaración, máxime cuando se trata de la titular del área encargada principalmente al combate a la corrupción, pues se afirma que difícilmente con el sueldo de ambos catedráticos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) podrían adquirir esos inmuebles en mucho tiempo.

Por su parte, el matrimonio Ackerman-Sandoval no solo salió a desmentir y desacreditar la labor periodística publicada, sino que en su defensa dieron a conocer que en el caso de una propiedad adquirida en Coyoacán, en la Ciudad de México, tuvo un costo de compra-venta por el orden de los cuatro millones de pesos, y que en la actualidad la plusvalía ha subido hasta los 20 mdp; de igual manera hablan de algunas herencias que han recibido, para luego a través de las redes sociales recibir el apoyo de varios funcionarios federales que además de restarle valor a la publicación, ofrecen el respaldo a la titular de la SFP y le brindan la confianza en su actuar. Hasta aquí las partes han llevado su debate a lo mediático y en las redes, pues es en estos escenarios donde normalmente se dirimen este tipo de señalamientos, lo que desde mi punto de vista es un error, pues de existir anomalías en el actuar de los servidores públicos están las instancias legalmente constituidas.

Es probable que todo quede en el “ring” político y no se avance más en una investigación, y es lo lamentable de la política mexicana, pues hay quienes dicen que todo está mal y otros lo contrario, y lo único que estamos provocando es alimentar el desánimo social en torno al ejercicio político, se le suma a la desconfianza de todos los partidos políticos, por lo que además de que necesitamos personajes transparentes, también urgen nuevas formas de conectar con la sociedad, todo evoluciona, y si quienes ejercen esta profesión no lo hacen, el “tigre” va a despertar, a través del abstencionismo.

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