Por: Quetzal Herrera

Algo que resulta verdaderamente deleznable, es el hecho que hay quienes lucran con programas asistenciales, ya sea si fungen como autoridad que destinan el uso del recurso público, así como de quienes lo reciben, tal es el caso que acaba de salir a la luz pública respecto al posible desfalco por el orden de los 57 millones de pesos en el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, de acuerdo al informe correspondiente a la cuenta pública 2019 que presentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), quienes establecen que dicho programa, operado por la Secretaría del Trabajo a nivel nacional, registró diversas observaciones luego de la auditoría forense que se aplicó.

Llama la atención que la mayor parte del recurso señalado, 48 millones, fueron otorgados a jóvenes que no estaban trabajando ni estudiando al momento de incorporarse a dicho programa, otra parte se destinó a centros de trabajo que no existen, y de igual forma a beneficiarios que han fallecido; lo cual resulta muy lamentable si consideramos que la intención del Presidente, a través de sus políticas públicas, es la de generarles a este sector poblacional opciones laborales y de estudio, y que no exista esa corresponsabilidad pues habla de que el recurso está siendo aplicado de forma errónea.

A pesar de que hay quienes pensamos que este mecanismo no ayuda del todo en cuanto a la reactivación económica, no podemos negar, porque hemos sido testigos, que el efecto para la gran mayoría de quienes reciben su beca, se muestran agradecidos con este programa, pero resulta que el problema radica en que las reglas de operación no han sido del todo claras, lo que se presta a personajes que buscan sacar “raja” de esta situación; incluso en Durango hace poco más de un año se daba a conocer que existen o existieron “empresas” con un domicilio que al momento de verificarse no correspondía al declarado, y en éstos se estuvieron destinando una importante cantidad de recursos.

Toda acción social, de cualquier orden de Gobierno, debe tener los mecanismos de transparencia en su implementación, así como un seguimiento puntual de los apoyos que se entregan, de entrada, para que la cobertura sea más amplia, sin duplicar ciudadanos, pero también para garantizar el principio de honradez, porque no podemos negar que habla muy mal de un país como el nuestro donde existen “vivales” que solo están a la espera de tranzar con buenas acciones.

Todos los programas asistenciales que esta administración federal deberán tener la atención del Presidente, primero para que se cumpla el objetivo que se planteó, pero además para garantizar desde el terreno político-electoral mejores resultados, porque para nadie es un secreto que todos estos esquemas tienen como una consecuencia lógica y natural, que un Gobierno se posicione ante la sociedad, máxime cuando estamos en un año electoral, donde justamente estas políticas públicas son la bandera de las y los candidatos del partido en el poder, a nivel federal, y el hecho de no estar bien implementados, al finalizar la jornada del próximo 6 de junio, los números difícilmente van a cuadrar; al tiempo.

Twitter @Quetzalh