Por Quetzal Herrera

Si hay algo que puede marcar de manera positiva la presente administración de Andrés Manuel López Obrador, en su combate a la corrupción, sería el llamar a cuentas al líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Carlos Romero Deschamps; y es que ayer se dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que encabeza Santiago Nieto, presentó un par de  denuncias contra dicho personaje, en las que se le acusa de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. También se dio a conocer que un juez federal otorgó al exsenador una suspensión ante cualquier posible detención durante estos días.

Romero Deschamps es un personaje no bien visto por los mexicanos, pues representa un referente importante en materia de corrupción, ya que desde su ingreso como titular de este sindicato, en el año de 1996, tras la detención de Joaquín Hernández Galicia “La Quina”, no ha sido transparente en la rendición de cuentas, entre otros actos que en este momento lo mantienen a él y a su familia en la mira de las autoridades, así que sería una bocanada de aire fresco para una administración que más allá del discurso, en los hechos ha dejado pasar actos que anteriormente señalaba, y que muchos mexicanos están precisamente a la espera que se actúe de manera categórica en temas como éste y muchos otros pendientes.

Si bien no será un proceso fácil, la parte legal deberá estar bien estructurada porque así como se ha anunciado que irán por este vitalicio líder petrolero, si no se integra un debido proceso judicial, también se les podrá caer en cualquier momento, derivado también de una buena defensa del tres veces exdiputado federal por el PRI; por lo que en el equipo jurídico de la Presidencia recaerá que en esta acción se marque un antes y un después en el rumbo de este Gobierno, y desde luego puede ser el inicio de una cadena de detenciones que a la postre se deben dar. De entrada me parece que el hecho de darlo a conocer un medio de comunicación, como Reforma, genera una pronta reacción del señalado al grado de obtener de manera casi inmediata una suspensión ante cualquier acción legal.

Ante estos hechos, y ya en el terreno político, me parece que difícilmente algún miembro del Partido Revolucionario Institucional saldrá en defensa de Carlos Romero o de sus hijos, quienes durante mucho tiempo también se han caracterizado por exponer su riqueza y lo costoso de sus viajes y compras que realizan alrededor del mundo, claro todo con presupuesto al erario del sindicato que encabeza. Por el contrario, me parece que todas las fuerzas políticas y partidistas estarán a favor de que se aclare la forma de operar de quien denigra la imagen sindical y política en México, desde luego para un beneficio personal. López Obrador y sus asesores deben tener medido el alcance de este procedimiento, de ello depende generar esa confianza que necesita su Gobierno.

Twitter @QuetzalH