Por: Quetzal Herrera

Quizá como una tablita de salvación, en medio del océano, le cae al Gobierno federal el proceso legal con fines de extradición, de la exprimera dama de Veracruz, Karime Macías Tubilla, esposa del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, quien fue detenida en el Reino Unido donde vive desde el 2017 tras la detención de su marido, y junto a sus hijos tienen ya una vida asentada en aquella región europea, donde desde hace tiempo comenzaron a circular imágenes de ella caminando por las calles londinenses, por lo que se da a entender que ya estaba ubicada, y quizá esperaban el momento para solicitar su captura, pues se le acusa del desvío de recursos por el orden de los 112 millones de pesos.

Pero justo este tema llega en buen momento para la administración de López Obrador, pues con varios asuntos en contra, esto le llega como una bocanada de aire fresco para que política y mediáticamente dejemos de pensar en asuntos que sin duda han impactado de manera negativa incluso en la aceptación del titular del Ejecutivo, como Culiacán, Michoacán, asambleas de Morena, el accidente de los periodistas en una cobertura de sus eventos, Santa Lucía y los que se acumulen estos días. A pesar que es un proceso legal iniciado desde antes del 2018, cuando entró en funciones este Gobierno, el hecho de darle seguimiento hasta esta detención, más lo que viene del proceso de extradición y todo el trayecto jurídico, sin duda los reflectores estarán ahí, por lo menos lo que resta de esta semana.

Ésta será una bandera más de López Obrador en el combate a la corrupción, pues a pesar que el propio abogado de Karime Macías ha señalado que se entregó de manera voluntaria, y tras pagar una fianza de 190 mil dólares, alrededor de tres millones 700 mil pesos mexicanos, su proceso será llevado a cabo en libertad, el Gobierno federal debe seguir buscando los medios legales para realizar esta extradición, pues de hacerlo representaría lo que muchos mexicanos hemos exigido a este Gobierno, que se cumpla con los principios del combate a la impunidad en el uso de los recursos públicos que tanto se pregonaron por tanto tiempo.

Hay quienes creemos que parte de la derrota del Partido Revolucionario Institucional en el 2018, además de varios errores cometidos por Enrique Peña Nieto, sin duda fueron acusaciones contra funcionarios de este instituto político como Javier Duarte y su esposa, quienes con su actuar sí dieron un duro golpe a las intenciones del tricolor de obtener el triunfo, ya que el término de su sexenio en Veracruz fue en el 2016, para el proceso del 2018 ya estaban muy avanzadas las investigaciones en su contra, por lo que fue bandera de quienes hoy gobiernan para dejar en claro lo que no se debe hacer con el dinero de los ciudadanos, y desde luego la responsabilidad es darle ese seguimiento, pues seguirá siendo la principal demanda.

Creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene frente a él la responsabilidad de hacer valer su palabra y no dejar cabos sueltos en este proceso que tiene ya todas las características de concluir en la extradición, de hacerlo, su popularidad se mantendría o aumentaría sin duda.

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