Por: Quetzal Herrera

Ante la serie de sucesos que se generaron tras la presentación de 14 denuncias por parte del presidente municipal, Jorge Salum del Palacio, ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, versiones a favor y en contra no se hicieron esperar, quizá uno de los comentarios que encajó en la coyuntura política, y sobre todo por el significado que representaba ante el aniversario 457 de la fundación de Durango, fue lo comentado por la exdiputada local, Patricia Jiménez, quien respondió los cuestionamientos en torno a la fecha, afirmando que “es un regalo para Durango”; interpretación que más allá de la declaración, el mensaje de fondo habla más de las acciones para el combate a la corrupción, pues el expediente entregado contiene información respecto al faltante de 14 millones de pesos, ya que hubo transferencias a cuentas bancarias sin la justificación requerida.

La acción en sí tiene varias aristas, y es que de entrada se habla de que tan solo es la primera parte de una serie de denuncias que se interpondrán de procesos no solventados por parte de la pasada administración en la entrega-recepción, todo fuera de los resultados de la auditoría forense que se contrató y que según los argumentos en los próximos días también habría una resolución del trabajo desempeñado en los últimos meses, por lo que todo lo que se denuncie deberá estar bien sustentado, ya que se trata del uso del recurso público, que para su aplicación, en cualquier rubro, se debe seguir un proceso administrativo que justifique su utilización, es, de unos años a la fecha, un avance importante en materia de rendición de cuentas al que están sujetos los tres órdenes de Gobierno.

Por otro lado, es normal que parte de la defensa en estos asuntos tenga su argumentación sustentada en el carril político, pues finalmente los actores políticos tienen una vigencia constante en la actividad proselitista, de ahí que se puedan desestimar los señalamientos y denuncias, como ocurrió en el caso que nos ocupa, porque finalmente el discurso y la acción han sido cíclicos cada inicio de las administraciones, pues en su momento cuando asumió la responsabilidad el doctor José Ramón Enríquez Herrera, aquel 31 de agosto del 2016, puntualizó que se contratarían despachos externos para la realización de auditorías en todas las áreas, es decir, ningún Gobierno que sale queda exento de una revisión a profundidad de su desempeño, y la exigencia de los resultados siempre ha sido la bandera que los ciudadanos hemos tomado, para hablar de las cuentas claras.

A poco menos de dos meses que inicie el proceso electoral del 2021, veremos el “acomodo de piezas” que con estos actos administrativos resulten, porque el escenario político y sus consecuencias ante la sociedad serán la parte final de esta historia, y quién con esto logre capitalizar a su causa para llegar más fortalecidos dentro de dos años, cuando se renueve el Gobierno del Estado; por su parte Salum del Palacio suma a su historial una acción donde se muestra firme, tal como ocurrió prácticamente al inicio de su administración con la apertura de la avenida que está a espaldas de un centro comercial, así como el hecho de encarar críticas por determinaciones en la autorización de permisos para la construcción del puente en el bulevar Francisco Villa; con esta serie de denuncias, la percepción se incrementará en cuanto al combate a la corrupción, rubro en el que los ciudadanos nos mantenemos a la expectativa en espera de resultados.

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