Por: Alejandro Flores de la Parra

La autoridad fiscalizadora que realiza la revisión de las cuentas entregadas por los candidatos y sus partidos políticos (en su caso) luego de una contienda, es el Instituto Nacional Electoral (INE), quien tiene que echar un ojo a los recursos, públicos y privados, de cada participante, tanto del proceso federal, como de los procesos locales, ya sea que se haya contendido para una posición en San Lázaro, una gubernatura, legislaturas locales, alcaldías, etc.

Con esto, debemos ser conscientes que el proceso electoral no ha concluido y que esta importante revisión, forma parte de nuestra democracia, pues corresponde ahora validar cada peso que entró y salió de las campañas, que deben estar ajustados al estricto marco normativo con que contamos en nuestro país. Para ello, en un plazo máximo de 45 días naturales posteriores a la jornada, el INE debe votar los dictámenes de fiscalización, habiéndose cumplido el pasado 22 de julio.

En este proceso 2021, considerado el más grande e importante de nuestra historia, participaron 29 mil 612 contendientes que representaron ingresos conjuntos por cinco mil 632 millones de pesos; sin embargo, se reportaron gastos por cinco mil 646 millones, por lo que incurrieron en un desfase de más de 11 mil 200 millones de pesos, que corresponden, seguramente, a errores en la consideración de sus ingresos, que muchos solo cuentan cuando entró físicamente el dinero.

Es importante recalcar que, el INE, no solo revisa lo que le presentan, sino que tiene una titánica tarea de campo donde revisa anuncios espectaculares, tiempos y espacios en medios de comunicación, publicidad en redes sociales, entre otras, lo que normalmente resulta en omisión al informar los gastos. Además, en los eventos públicos, cada silla, cada bocina, cada botellita de agua, se debe contar y cuantificar, aún si se trata de un donativo o aportación voluntaria de un amigo, un familiar o un compañero del candidato. Algo similar es lo que pasa cuando el INE considera como aportación, la participación de la esposa del gobernador electo de Nuevo León, quien representa en sí misma, una marca registrada que debió ser considerada en pesos y no solo como una acompañante, por más que se trate de su cónyuge.

El 95 por ciento del gasto electoral, es reportado y transparente, lo que debe ser motivo de beneplácito para los mexicanos, pues dista mucho de la opacidad con la que se manejan muchas democracias en el mundo, lo que da pie a compromisos desconocidos que muchas veces se manifiestan en las políticas públicas, contratos y asignaciones de los recursos. Sin embargo, a pesar de este ejercicio de rendición de cuentas, en México esto también sucede, por lo que se deberá seguir trabajando para que, de alguna forma, nuestros ejercicios democráticos se vayan separando del pago de favores que entorpecen y ensucian el desempeño de las administraciones y las decisiones políticas, para que la fiscalización electoral se convierta en una verdadera cerecita en el pastel.

Twitter: @AlejandroFdelaP