Por: Alejandro Flores de la Parra

La crisis que hoy vive el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es, sin duda, una de las más grandes de nuestra historia moderna, para un órgano jurisdiccional. La destitución de José Luis Vargas Valdez, que dio pie a una votación para designar a Reyes Rodríguez Mondragón, para que unos días después, éste, renunciara al no haber sido elegido con los votos de todos los magistrados integrantes de la Sala Superior, parece una copia fiel de lo convulsos que son los tiempos actuales en nuestra nación.

Como si las situaciones pendientes, en materia electoral, de las que dependen temas como la fiscalización de las gubernaturas de Nuevo León y San Luis Potosí, donde el dinero de procedencia irregular fue más que evidente; las elecciones de Michoacán, con el tema de la incidencia del narco, acusada por el actual gobernador, Silvano Aureoles, y que ya recibió el palomazo del Tribunal Electoral de aquel estado para dar por bueno el triunfo de Alfredo Ramírez Bedolla; Guerrero con numerosas irregularidades por resolver, o Campeche que se encuentra en un empate técnico; la grilla interna del máximo árbitro electoral, las está poniendo en un hilo.

Quizá el caso que más llama la atención, es el de la elección de Samuel García, candidato de Movimiento Ciudadano elegido en Nuevo León, por todo en enramado empresarial y financiero que se encuentra detrás de su triunfo, colmado de señalamientos de omisiones fiscales y hasta dinero de origen ilícito. En él, podría consumarse una gubernatura que está rodeada de una telaraña de operaciones mercantiles que datan desde la última parte del periodo peñanietista, sin que autoridades fiscales o de procuración de justicia, hayan logrado nada para evitarlo.

La falta de cabeza en el Tribunal Electoral, suma peso a la caída en la credibilidad de las autoridades electorales, que dicho sea de paso, el presidente López Obrador ya señaló que todos los magistrados deberían renunciar, pues mientras el Instituto Nacional Electoral ha recibido varios embates de quienes señalan que algunos de sus consejeros obedecen a intereses de grupos, la narrativa sobre el daño que este organismo significa a la democracia, imputándole la responsabilidad del rechazo de la sociedad a la participación en la Consulta Popular, esto terminará por reforzar el argumento del Ejecutivo de realizar una reforma en materia electoral.

Quizá la idea de una reforma, no sea tan descabellada, pues es claro que nuestro país ha evolucionado en su manera de ejercer la democracia. Sin embargo, cuando el motivo para lograr un cambio, va más enfocado a desestimar a las instituciones y a la participación ciudadana en la organización de las elecciones, lejos de parecer el camino correcto, pareciera el pretexto perfecto para hacerse del control, también, para lograr perpetuar su proyecto en el poder.

Twitter: @AlejandroFdelaP