Por: Alejandro Flores de la Parra

Muchas han sido las críticas que se han vertido respecto a la decisión de las autoridades educativas federales de regresar a clases presenciales, ya sean híbridas o con los horarios reducidos; pero igualmente criticadas han sido las unidades administrativas estatales, pues si bien los temas relativos a los planes y programas corresponden al Gobierno federal, las autoridades locales están facultadas para modificar la asistencia a los salones de clases, por cualquier situación de seguridad que pueda presentarse, incluso antes de la pandemia. Y la critica social y del gremio magisterial hacia ambos niveles de Gobierno, no es por regresar a las aulas en sí, sino porque, hoy, arrancó el ciclo escolar sin que, nadie, sepa exactamente qué y cómo se va a hacer.

La falta de conocimiento de quienes, desde un escritorio, toman decisiones, respecto de la situación real que guardan actualmente los planteles, es inaceptable. Escuelas que no cuentan con lo mínimo requerido para ser un lugar digno, incluso antes de la llegada de la COVID-19, es totalmente ridículo pensar que contarán con los elementos necesarios para mantener el ambiente ventilado y seguro para los niños. La queja de los padres de familia, año con año, respecto de las cuotas que fijan los centros educativos para poder costear su operación, se daba bajo el argumento de que la educación, es gratuita. Eso puede ser verdad o mentira, dependiendo de la perspectiva, pues si partimos de que todo el dinero del gobierno llega de los contribuyentes, en realidad, nada es gratis. Pero en el estricto sentido de la gratuidad, después de las aportaciones ciudadanas, a nadie nos cuesta ‘la educación’, pues nunca pagamos por ese concepto, pero lo que no es gratis, son los consumibles que se requieren en el plantel, como jabón, papel de baño, enseres de limpieza, etcétera. En teoría, deberían ser proveídos con recursos públicos, pero todos sabemos que, en la práctica, ¿por qué no le habrían de hincar el diente nuevamente a los ciudadanos? Total, ya tenemos años pagando.

Si a todo esto le aunamos el manejo viciado de los datos y las cifras oficiales, la desconfianza de la sociedad respecto a que el Gobierno asegure que el contagio y la afectación en los niños, es menor, es más que justificada.

La educación es una gran radiografía de la desigualdad, a pesar de que, en teoría, debería emparejarnos, máxime si en la comparativa, careamos la instrucción privada y pública. La situación sanitaria ha llevado a nuestro sistema educativo a un rezago impresionante, más agudo del que ya pesaba sobre nuestros cuellos. Imaginemos lugares como Oaxaca, Chiapas o Guerrero, donde las escuelas habían sido rehenes de intereses de liderazgos sociales durante décadas, lo que, se supone, terminaría con López Obrador, pero que hoy es afectada por factores de inmovilidad social. En fin, más que quejas, los padres estamos más en la disyuntiva de preferir la mochila, o la vida.

Twitter: @AlejandroFdelaP