Por: Alejandro Flores de la Parra

En lo que va del presente año, el esquema de salud, a nivel nacional, ha cambiado radicalmente debido a la desaparición del Seguro Popular y la introducción del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Mientras que el primero, que buscaba dotar de recursos a los sistemas de salud locales para la atención de los pacientes y la compra de medicamentos, teniendo un fondo especial para el tratamiento de ciertas enfermedades; el nuevo esquema que pretende el instituto de reciente creación, dejará de entregar alrededor de 500 millones de pesos a los estados y les entregará entre el cinco y seis por ciento para la liquidación del personal contratado por el Seguro Popular. Este corte al presupuesto que perciben los estados, ha causado inconvenientes en la prestación de los servicios públicos de salud y, sobre todo, inconformidades entre el personal que dejó de laborar para el anterior esquema. Sin embargo, a decir del mismo secretario de salud a nivel federal, Jorge Alcocer Varela, esos trabajadores podrían ser sujetos a nuevas contrataciones y, aunque ya no trabajen para el Seguro Popular, lo podrían hacer, ahora, para el Insabi.

En este nuevo esquema, se busca tener un grupo, más robusto, de personas que realizan funciones sustantivas en materia de salud (doctores, enfermeras, químicos, etc.), mientras se busca adelgazar al personal administrativo, ya que supone una fuga de recursos que no se ven reflejados en la atención eficiente de los pacientes.

Además, la introducción del Instituto supone la aceptación de los estados en un esquema en el que, a decir de algunos gobernadores, deberían poner a disposición del mismo, la infraestructura estatal en materia de salud, aunque el gobierno federal ha desmentido dicha postura. Lo único cierto es que las reglas de operación del Insabi y de cómo operará en los estados, no están del todo claras, sin embargo, los estados que decidan no incorporarse, habrían de hacer frente con recursos propios a la atención de los servicios de salud, cosa que, en Durango, se antoja imposible, máxime si tomamos en cuenta nuestra situación geográfica y los servicios que por medio del Seguro Popular se hacían llegar a las comunidades más vulnerables y dispersas, mediante las Caravanas de la Salud, de forma itinerante.

Dentro de lo positivo, están la gratuidad e indiscriminación de los servicios en el nuevo esquema, soportado por un jugoso fideicomiso de 40 mil millones de pesos, que supone que su operatividad estará asegurada. Sin embargo, su sostenimiento, el tema de la infraestructura local y los servicios de «tercer nivel», sigue sin estar muy claro, por lo que el gobernador José Rosas Aispuro Torres mostró una cierta postura de resistencia. Sin embargo , el poder legislativo ya levantó la mano y en el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Esteban Villegas Villarreal, quien además preside la Comisión de Salud en el Congreso local, hizo un llamado en su cuenta de Facebook mediante una transmisión en vivo, a las autoridades federales y locales para que, en el seno de la comisión, dilucidar el tema y que el asunto se baje de un tema político y pueda informarse de manera muy clara a la ciudadanía sobre el nuevo esquema de servicio y los duranguenses podamos aprovechar, al máximo, los beneficios del instituto.

Mientras son peras o son manzanas, los ciudadanos esperaremos más muestras de civilidad que nos permitan informarnos sin tintes políticos sobre el tema.

Twitter: @AlejandroFdelaP