Por: Saúl Díaz Rutiaga

El objetivo de un país será siempre el de garantizar el bienestar general de la población, por lo tanto, la salud pública debe ser prioridad. Actualmente se busca disminuir o parar el número de contagios de COVID-19 que han ido en aumento en nuestro país y sobre todo en nuestra entidad, recordemos que hace días se batieron records diarios de contagio, esta situación es bastante preocupante, ya que con la llegada del invierno se podrían acelerar aún más los casos de transmisión del virus, lo que podría generar un verdadero colapso hospitalario.

Es importante recordar que el derecho a la protección de la salud, está previsto en el  párrafo tercero del artículo 4° Constitucional y establece la obligación del Estado mexicano de proteger y garantizar en condiciones de igualdad y dignidad la atención a todas las personas y a la colectividad que se encuentran dentro del territorio nacional; no obstante, además de la salud, el Gobierno está obligado a garantizar una buena economía y desarrollo; así como plenitud en libertades y derechos individuales en virtud de que los objetivos de atención de un país deben ser  integrales  y equilibrados; nos debe preocupar que como consecuencia de la pandemia enfrentemos también una catástrofe económica.

En lo que va del año, las medidas restrictivas dictadas para enfrentar la contingencia sanitaria y prevenir daños mayores, han sometido a empresas y empleados a muchas dificultades económicas. En Durango, por ejemplo, a consecuencia del semáforo rojo, unos cien restaurantes se encuentran en la posibilidad de quiebra según lo externó el representante de la Canirac; las restricciones impuestas han golpeado también a otros sectores, provocando una situación de crisis y alta vulnerabilidad económica que ha obligado a muchos establecimientos comerciales a cerrar total o parcialmente, algunas intentando sobrevivir con escasos ahorros o muy bajas ventas, por lo que muchas personas han perdido sus empleos y muchas han recurrido a créditos para solventar el gasto diario ya que los apoyos de programas sociales son insuficientes; lo anterior nos hace reflexionar en el hecho de que cuando el problema de contagios inició, la emergencia fue desestimada y no hubo reacción ni prevención inmediata en respuesta a lo que se sabía que iba a ocurrir; y evitar en su momento, estar tan vulnerables ante la pandemia, más bien, en el discurso, de forma irresponsable, se afirmaba que “ya había pasado lo peor”, tal vez con la intención de proyectar seguridad y de hacer creer que el problema estaba bajo control, situación que no era tal.

Por lo tanto, nos debe quedar claro que la prioridad que merece la salud pública no debe escatimarse, dado que de ésta depende en mucho la economía y el desarrollo, es claro que, al faltar un derecho, repercute en la vigencia de otro. Ahora bien, salir adelante dependerá del grado de compromiso que tengamos respetar las medidas y cuidados sanitarios, recordemos que de la responsabilidad de cada uno deriva el bienestar de todos, y que mientras no se disponga de una vacuna; la salud, economía y el desarrollo de las personas no estarán salvo.